(COMUNICADO DE PRENSA CIJ)- La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) expresa su profunda preocupación ante la detención de la Jueza María Lourdes Afiuni, del Tribunal Trigésimo Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de una decisión adoptada en el marco del caso del Sr. Eligio Cedeño.
Asimismo, la CIJ resalta la gravedad que implica que dicha detención se haya producido tras las declaraciones efectuadas por el Presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez, quien opinó abiertamente sobre el caso y exigió que se castigue a la jueza con la pena máxima de 30 años, prevista en la ley sólo para los delitos más graves, cometidos con agravantes.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) expresa su profunda preocupación ante la detención de la Jueza María Lourdes Afiuni, del Tribunal Trigésimo Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de una decisión adoptada en el marco del caso del Sr. Eligio Cedeño.
Asimismo, la CIJ resalta la ravedad que implica que dicha detención se haya producido tras las declaraciones efectuadas por el Presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez, quien opinó abiertamente sobre el caso y exigió que se castigue a la jueza con la pena máxima de 30 años, prevista en la ley sólo para los delitos más graves, cometidos con agravantes.
“En el marco de los ataques a la independencia judicial en Venezuela, éste reviste particular gravedad, puesto que se observa la reacción inmediata entre las declaraciones del Presidente de la República y la posterior confirmación de la detención de la jueza, mediante una orden judicial de privación preventiva de su libertad“, manifestó la CIJ”.
“Recordamos al Estado venezolano que los estándares internacionales los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones, y siempre respetando el debido proceso“.
Según la información recibida por la CIJ, el 10 de diciembre de 2009, la jueza Afiuniacordó sustituir la prisión preventiva del Sr. Cedeño por medidas de presentación periódica ante el tribunal cada 15 días y la prohibición de salida del país. Esa decisión fue adoptada después de oír a los defensores del Sr. Cedeño y abogados representantes de la Procuraduría General de la República, en una reunión improvisada a raíz de la suspensión de la audiencia preliminar del caso, por incomparecencia del Ministerio Público.
Una hora después de haberse adoptado esa decisión, el Tribunal fue allanado por la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), principal servicio de inteligencia del país. A continuación, la Jueza María Lourdes Afiuni, así como los lguaciles Rafael Rondón y Carlos Latuffo, fueron detenidos y trasladados a la sede de la DISIP. Al día siguiente, el Presidente de la República manifestó tener conocimiento e informes sobre un supuesto“arreglo” que se habría dado en el juzgado y calificó a la jueza como “bandida”, exigió “dureza” y la “pena máxima” de 30 años de prisión.
“La existencia de un Poder Judicial independiente e imparcial, libre de interferencias y presiones por parte de los demás poderes públicos, y garante del debido proceso, es un elemento nuclear para el goce y protección de los derechos humanos”.
Tomada de Unión Radio
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