Tal designación fue publicada en la Gaceta Oficial N° 373.413, de fecha 3 de diciembre de 2009, mediante resolución del Poder Ciudadano N° CMR-005-2009, suscrita por la actual presidenta del CMR, Gabriela Ramírez Pérez (Defensora del Pueblo), Clodosbaldo Russían (Contralor General) y Luisa Ortega Ortega Díaz (Fiscal General).
El Poder Ciudadano forma parte del Poder Público Nacional y se ejerce por el CMR, el cual es su órgano de expresión. La Ley Orgánica del Poder Ciudadano establece que uno o una de los titulares de estas instituciones será designado por el CMR como su Presidente o Presidenta por un período de un año, pudiendo ser reelecto o reelecta.
El artículo 274 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Poder Ciudadano tendrá por finalidad prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, entendiendo estas como los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, transparencia y pulcritud; así como a la obligación que tienen los funcionarios públicos y obreros, de los organismos públicos, a actuar dando preeminencia a los intereses del Estado por encima de los intereses de naturaleza particular.
De igual forma, el CMR tiene dentro de sus competencias promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como las actividades pedagógicas dirigidas al conocimiento y estudio de la Constitución Bolivariana de Venezuela. También, está la de promover el amor a la patria, las virtudes cívicas y democráticas y los valores trascendentales de la República.
Igualmente, promoverá la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo.
Este Poder calificará las faltas graves que hubieren cometido los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y solicitará a los funcionarios públicos la colaboración que requiera para el desempeño de sus funciones, los cuales estarán obligados a prestarla con carácter preferente y urgente.
Asimismo, podrá formular a las autoridades y funcionarios o funcionarias de la Administración Pública las advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus obligaciones y además impondría a las autoridades y funcionarios públicos las sanciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano si hubiere lugar.
El CMR está en la obligación de velar por la buena gestión y legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento de los principios constitucionales del debido proceso y de la legalidad, en toda la administración del Estado.
Los órganos que integran el Poder Ciudadano gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa y su independencia establece que ninguna autoridad puede coartar el ejercicio de sus funciones.
El Poder Ciudadano forma parte del Poder Público Nacional y se ejerce por el CMR, el cual es su órgano de expresión. La Ley Orgánica del Poder Ciudadano establece que uno o una de los titulares de estas instituciones será designado por el CMR como su Presidente o Presidenta por un período de un año, pudiendo ser reelecto o reelecta.
El artículo 274 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Poder Ciudadano tendrá por finalidad prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, entendiendo estas como los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, transparencia y pulcritud; así como a la obligación que tienen los funcionarios públicos y obreros, de los organismos públicos, a actuar dando preeminencia a los intereses del Estado por encima de los intereses de naturaleza particular.
De igual forma, el CMR tiene dentro de sus competencias promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como las actividades pedagógicas dirigidas al conocimiento y estudio de la Constitución Bolivariana de Venezuela. También, está la de promover el amor a la patria, las virtudes cívicas y democráticas y los valores trascendentales de la República.
Igualmente, promoverá la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo.
Este Poder calificará las faltas graves que hubieren cometido los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y solicitará a los funcionarios públicos la colaboración que requiera para el desempeño de sus funciones, los cuales estarán obligados a prestarla con carácter preferente y urgente.
Asimismo, podrá formular a las autoridades y funcionarios o funcionarias de la Administración Pública las advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus obligaciones y además impondría a las autoridades y funcionarios públicos las sanciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano si hubiere lugar.
El CMR está en la obligación de velar por la buena gestión y legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento de los principios constitucionales del debido proceso y de la legalidad, en toda la administración del Estado.
Los órganos que integran el Poder Ciudadano gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa y su independencia establece que ninguna autoridad puede coartar el ejercicio de sus funciones.
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