Caracas, 29 dic (EFE).- La Fiscalía General venezolana elevó a 23 los pedidos de captura internacional de empresarios y ejecutivos vinculados con el caso del cierre de ocho pequeños bancos por "irregularidades" en su gestión, informó hoy la prensa local.
A la lista de nueve personas entregada a la policía internacional Interpol a principio de este mes, se sumaron otros 14 nombres, entre ellos Alejandro Uzcátegui, líder de liga Empresarios por Venezuela (Empreven), afín al Gobierno del presidente Hugo Chávez, detalló este martes el diario El Universal de Caracas.
El ministro del Interior, Tark El Aissami, afirmó el pasado 9 de diciembre que al menos seis de los banqueros investigados por el caso de los bancos cerrados huyeron hacia Estados Unidos, Puerto Rico, Curazao y España.
En Venezuela permanecen detenidas 10 personas, entre ellos Arné Chacón, presidente del intervenido Banco Real y hermano del ex ministro Jesse Chacón, quien dejó el cargo el pasado 6 de diciembre para demostrar que no tiene vinculación con el caso, según el mismo explicó.
También está encarcelado el mayor accionista de otros cuatro bancos cerrados, Ricardo Fernández Barruecos, a quien se atribuye la propiedad de unas 200 empresas de diversos ramos, entre ellas varias de alimentos que hasta principios de este mes aparecían como proveedoras de las redes públicas de distribución de alimentos Mercal y Pdval.
Chávez ha ordenado la toma de control de buena parte de las empresas pertenecientes a los banqueros investigados, entre ellas las de alimento, distribución y seguros, y ha pedido que también sean intervenidas las que posean en el exterior.
El caso de los bancos ha desatado una lluvia de denuncias sobre una presunta trama de corrupción, amparadas en el hecho de que los principales accionistas de las instituciones afectadas pertenecerían a círculos oficialistas, de los cuales se valieron para amasar en menos de una década sus inmensas fortunas.
El mandatario venezolano ha dicho que "el peso de la ley caerá donde tenga que caer", en respuesta a las denuncias opositoras de que los administradores de los bancos cerrados pudieron realizar todos sus desmanes solo con la complicidad de funcionarios públicos.
El Gobierno venezolano cerró entre finales de noviembre pasado e inicios de este mes los bancos Confederado, Bolívar, Canarias, Provivienda, Baninvest, Banco Real, Central Banco Universal y Banorte, que representan menos del 7 por ciento de los depósitos del sistema financiero.
Entre las "irregularidades" detectadas en los citadas entidades está el aumento de capital sin especificar el origen de los fondos, y el incumplimiento con los índices patrimoniales, según la información oficial.
El pasado 21 de diciembre inició operaciones el nuevo estatal Bicentenario Banco Universal, producto de la fusión del público Banfoandes y los intervenidos Bolívar, Confederado y Central Banco Universal, que fueron reflotados con la inyección de 92,7 millones de bolívares (43,1 millones de dólares).
De acuerdo a la información oficial, continúa el proceso de intervención con fines de rehabilitación de los bancos Baninvest, Banco Real y Banorte, mientras que el Canarias y Provivienda fueron liquidados.
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