Amnistía Internacional instó a las autoridades venezolanas a liberar a la jueza María Lourdes Afiuni, quien lleva más de un año detenida tras dictar una medida cautelar a favor del banquero Eligio Cedeño.
Señala AI que la jueza María Lourdes Afiuni Mora fue detenida el 10 de diciembre de 2009, horas después de que ordenó la liberación del banquero Eligio Cedeño, una decisión que estaba dentro de su poder y en consonancia con la ley venezolana.
Un día después de su arresto, la decisión de la jueza fue condenada por el presidente Hugo Chávez durante una entrevista televisiva en la que pidió a servir la pena máxima de 30 años.
La organización indica que la jueza necesita atención médica y ha recibido amenezasa de otros reos en donde se encuentra recluida, sin que hasta el momento se hubiera iniciado una investigación.
“La detención de Afiuni es aparentemente el resultado de la interferencia política por el presidente Chávez. Ella ha sido detenida simplemente por llevar a cabo su trabajo y como tal debe ser puesta en libertad", dijo Guadalupe Marengo, América de Amnistía Internacional director adjunto.
La jueza Afiuni ha sido acusada de "corrupción ordinaria (Corrupción Propia), abuso de autoridad, ayudando a escapar y asociación para delinquir" en relación con su decisión en diciembre de 2009 al ordenar la libertad condicional del banquero Eligio Cedeño.
Un año después, la Fiscalía General no ha aportado pruebas fiables para justificar los cargos de corrupción y abuso de autoridad contra la jueza Afiuni.
Su familia ha expresado su preocupación porque su condición física parece estar deteriorándose y, sin embargo, las autoridades informaron que han retrasado o incluso ignorado las peticiones de tratamiento médico.
De acuerdo con informes médicos, la jueza Afiuni tiene dos tumores en los senos. Ella también tiene un problema ginecológico que le ha causado hemorragias fuertes desde noviembre de 2010. Los médicos no han podido concluir los exámenes médicos necesarios para prescribir el tratamiento adecuado.
En enero de 2011 también tuvo varios episodios de taquicardia por los que no ha recibido tratamiento adecuado.
El 10 de diciembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió que las autoridades venezolanas adoptaran medidas inmediatas para garantizar la vida e integridad física y mental de la jueza Afiuni y para asegurar la atención médica que se necesitaba que se le dio acceso al médico de su elección.
El Tribunal dio a Venezuela hasta el 20 de diciembre para informar sobre las medidas adoptadas. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de ninguna respuesta por parte del gobierno de Venezuela.
El 16 de diciembre de 2009, la ONU dijo que la "liberación inmediata e incondicional de Afiuni es imprescindible" y que "las represalias por el ejercicio de sus funciones constitucionalmente garantizadas y crear un clima de temor entre la judicatura y la profesión de abogado no sirven a ningún otro propósito que el de socavar el Estado de Derecho y obstruir la justicia".
Amnistía Internacional dijo que le preocupa que el caso el juez Afiuni pueda disuadir a los demás jueces de tratar a todos los acusados por igual, de acuerdo a la ley venezolana y los tratados internacionales de derechos humanos en que Venezuela es Estado Parte.
La organización dijo que los temores de los jueces a las decisiones de las autoridades superiores pueden afectar negativamente a los derechos humanos de la población y la capacidad de los acusados y las víctimas de posibles violaciones de los derechos humanos para garantizar la justicia.
Señala AI que la jueza María Lourdes Afiuni Mora fue detenida el 10 de diciembre de 2009, horas después de que ordenó la liberación del banquero Eligio Cedeño, una decisión que estaba dentro de su poder y en consonancia con la ley venezolana.
Un día después de su arresto, la decisión de la jueza fue condenada por el presidente Hugo Chávez durante una entrevista televisiva en la que pidió a servir la pena máxima de 30 años.
La organización indica que la jueza necesita atención médica y ha recibido amenezasa de otros reos en donde se encuentra recluida, sin que hasta el momento se hubiera iniciado una investigación.
“La detención de Afiuni es aparentemente el resultado de la interferencia política por el presidente Chávez. Ella ha sido detenida simplemente por llevar a cabo su trabajo y como tal debe ser puesta en libertad", dijo Guadalupe Marengo, América de Amnistía Internacional director adjunto.
La jueza Afiuni ha sido acusada de "corrupción ordinaria (Corrupción Propia), abuso de autoridad, ayudando a escapar y asociación para delinquir" en relación con su decisión en diciembre de 2009 al ordenar la libertad condicional del banquero Eligio Cedeño.
Un año después, la Fiscalía General no ha aportado pruebas fiables para justificar los cargos de corrupción y abuso de autoridad contra la jueza Afiuni.
Su familia ha expresado su preocupación porque su condición física parece estar deteriorándose y, sin embargo, las autoridades informaron que han retrasado o incluso ignorado las peticiones de tratamiento médico.
De acuerdo con informes médicos, la jueza Afiuni tiene dos tumores en los senos. Ella también tiene un problema ginecológico que le ha causado hemorragias fuertes desde noviembre de 2010. Los médicos no han podido concluir los exámenes médicos necesarios para prescribir el tratamiento adecuado.
En enero de 2011 también tuvo varios episodios de taquicardia por los que no ha recibido tratamiento adecuado.
El 10 de diciembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió que las autoridades venezolanas adoptaran medidas inmediatas para garantizar la vida e integridad física y mental de la jueza Afiuni y para asegurar la atención médica que se necesitaba que se le dio acceso al médico de su elección.
El Tribunal dio a Venezuela hasta el 20 de diciembre para informar sobre las medidas adoptadas. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de ninguna respuesta por parte del gobierno de Venezuela.
El 16 de diciembre de 2009, la ONU dijo que la "liberación inmediata e incondicional de Afiuni es imprescindible" y que "las represalias por el ejercicio de sus funciones constitucionalmente garantizadas y crear un clima de temor entre la judicatura y la profesión de abogado no sirven a ningún otro propósito que el de socavar el Estado de Derecho y obstruir la justicia".
Amnistía Internacional dijo que le preocupa que el caso el juez Afiuni pueda disuadir a los demás jueces de tratar a todos los acusados por igual, de acuerdo a la ley venezolana y los tratados internacionales de derechos humanos en que Venezuela es Estado Parte.
La organización dijo que los temores de los jueces a las decisiones de las autoridades superiores pueden afectar negativamente a los derechos humanos de la población y la capacidad de los acusados y las víctimas de posibles violaciones de los derechos humanos para garantizar la justicia.
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