Hoy el país está a la espera de la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre la inhabilitación para asumir cargos políticos que impuso, sin juicio ni condena previa, la Contraloría General de la República a Leopoldo López.
También se está a la expectativa de si el Gobierno cumplirá con los tratados internacionales (o no) que obligan a los países que los suscriben a acatar sus dictámenes.
Esta interrogante se debe, entre otros: 1) Al precedente de desacato del Gobierno de Chávez de ocho fallos de la CIDH, como es el caso de los magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, quienes esperan hace unos dos años que los restituyan en sus cargos. 2) A la opinión que adelantó la presidenta del Tribunal de Justicia, Luisa Estela Morales, donde dejó entrever que el Gobierno no acataría decisiones de tribunales internacionales que pasen sobre dictámenes de tribunales venezolanos.
Mientras tanto, el Gobierno sigue en su avanzada de inhabilitaciones políticas. Varias gacetas oficiales publicadas este mes, anuncian las inhabilitaciones (entre 1 a 15 años) de otros 55 venezolanos fechadas en diciembre de 2010 y firmadas por el hoy fallecido Contralor de la Revolución, Clodosvaldo Russián.
Siempre se ha percibido que el mecanismo de inhabilitación es un arma de coacción y disuasión que utiliza el Gobierno de Hugo Chávez para acosar, perseguir al adversario político. Contraviniendo con ello a la Constitución, la cual dicta que sólo mediante sentencia firme condenatoria puede proceder el Estado a inhabilitar los derechos políticos o administrativos de un ciudadano.
Si alguna duda quedaba del uso represivo de las inhabilitaciones, una investigación del partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, reveló que de las 803 sanciones emitidas por la Contraloría General en los últimos dos años (que van desde inhabilitaciones, suspensión y destitución de funcionarios públicos) 80% afectan a dirigentes de la oposición democrática, y de éstos principalmente dirigentes de partidos o movimientos políticos con arraigo y aspirantes a puestos clave en cargos de elección popular.
La relevancia de este estudio, radica que es la primera vez que se publica una investigación que demuestra con cifras reales cómo funciona el poder contralor como brazo ajusticiador de Hugo Chávez.
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