Población sexodiversa se molestó con Pedro Carreño. Colectivos rechazaron las declaraciones homofóbicas de los diputados oficialistas. Activistas cuestionan que los ataques hacia el enemigo político estén basados en la orientación sexual. Tamara Adrián asegura que en otras naciones, incluso de Latinoamérica, estos insultos no hubieran pasado desapercibidos
KEILYN ITRIAGO MARRUFO/TalCualDigital
Las expresiones que usaran el pasado martes algunos diputados oficialistas de la Asamblea Nacional para referirse a la orientación sexual del director del despacho de la gobernación de Miranda, Óscar Lopez, y hasta del propio mandatario regional, Henrique Capriles Radonski, fueron consideradas para la población diversosexual un "desate de pasiones" homofóbicas totalmente irrespetuosas.
El parlamentario Pedro Carreño, por ejemplo, no sólo empleó la palabra "maricón" sino que vinculó a los integrantes de Primero Justicia a partir de su presunta homosexualidad con una posible red de tráfico sexual.
Este tipo de declaraciones, provenientes de funcionarios públicos activos, a juicio de la abogada y activista de los grupos LGBTI, Tamara Adrián, pretenden institucionalizar la homofobia en el país de una forma inadmisible, pues la misma inacción del Estado venezolano es la que ha permitido que estas situaciones sean reproducidas y difundidas en los medios.
Adrián ve en estas actitudes un preocupante patrón de lo que se conoce como homofobia de Estado o transfobia de Estado, que son acciones u omisiones que tienden a negar igualdades de derechos a las personas por su orientación sexual o su identidad de género.
SIN RESPETAR LO PRIVADO
La también coordinadora del movimiento Proinclusión de Voluntad Popular sostiene que atacar a una persona por su identidad de género u orientación sexual, real o percibida, constituye un delito en la mayoría de los países, por el cual se va a la cárcel o se pagan multas porque existen órganos del Estado capaces de investigar este tipo de situaciones y de sancionarlas administrativamente. Cita como ejemplo que en Ecuador una persona fue inhabilitada políticamente por un caso parecido.
Johan León Reyes, director general de Acción Zuliana por la Vida, rechaza que funcionarios del oficialismo empleen ofensas basadas en la orientación sexual hacia el enemigo político, sin darse cuenta que a quienes están ofendiendo es a millones de venezolanos que sienten orgulloso de ser homosexuales, bisexuales, lesbianas, transexuales o transgéneros.
"Por eso exigimos al diputado Carreño que se retracte de esas ofensas". Para Reyes estas expresiones en personas que ostentan cargos públicos inciden en las políticas que emplean las demás autoridades locales, que al ver este tipo de acciones pueden sentirse en potestad de hacerlo también.
No es la primera ocasión que dentro de las filas del chavismo se señala tener respeto por la comunidad LGBTI pero, contradictoriamente, al mismo tiempo se arremete contra quienes la integran.
Carreño dijo que dentro del Gran Polo Patriótico se respeta la "sexodiversidad" porque cada quien "hace con su culo lo que quiera, pero hay que ser serios". Esto, a criterio de Adrián es uno de los síntomas más claros de la real intolerancia que se tiene en el Gobierno.
El diputado, al mostrar algunas fotos sobre Lopez y su supuesta orientación sexual, señaló que debían ser sinceros. Adrián recuerda que no está obligado a decir con quién duerme o cómo hace el amor, ya que el derecho a la reserva de la vida privada de las personas es una garantía constitucional.
NO VALE SOLO PERDIR PERDÓN
La activista en DDHH Tamara Adrián considera que pedir perdón no es suficiente para enmendar el daño que ha afectado la dignidad de la población.
A su juicio lo correcto no es decir simplemente "no soy homofóbico", pues considera que esto "es como el que monta cacho y luego se arrepiente. Lo adecuado en este caso sería demostrar con hechos que se es respetuoso, discutiendo por fin las leyes de igualdad que han llegado al Parlamento desde hace años y que siguen engavetadas".
Asimismo, hacer realidad que el Ministerio Público investigue los crímenes de odio, y que la Defensoría del Pueblo defienda cuando los órganos del poder público asumen actitudes discriminatorias.
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