Esta semana que finaliza ha dejado aún más al descubierto la extrema minusvalía de los derechos humanos que sufren los venezolanos.
El drama del biólogo y productor agropecuario, Franklin Brito, lamentablemente sigue profundizándose luego de ocho años de penurias. En 2002, Brito se "atrevió" a diseñar un proyecto para unos sembradíos de ñame con una visión diferente a la del Alcalde de Sucre en el Estado Bolívar, del partido oficialista MVR, Juan Carlos Figarrella. La respuesta del aparato de Gobierno de Hugo Chávez a la propuesta de Brito, fue negarle a él y a su esposa el derecho a trabajar, arrebatarles sus tierras, su paz familiar, su derecho a protestar.
A Brito no le ha valido de nada emprender cinco huelgas de hambre ni el auto amputarse un dedo de su mano para que se le restituyan sus derechos. En estos ocho años con lo único que se ha tropezado recurrentemente es con promesas incumplidas por parte de los diferentes estamentos gubernamentales.
Hoy Brito está preso en el hospital militar por insistir en que se le respeten sus derechos. Ahora, el Gobierno pretende tirarlo al subterráneo mundo de la incapacidad mental. Lo más temible de este caso es el abuso de los poderes del Estado para tratar de subordinar a este ciudadano.
Son aberrantes, por ejemplo, las declaraciones que dio a la prensa la Fiscal General de la República al anunciar que no acataría una medida cautelar a favor de Brito que dictó hace pocos días la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz afirmó que Brito "está inhabilitado, tiene una disminución de su capacidad, es una persona con conductas no ajustadas a la normalidad a lo que clínicamente se considera una persona normal, es decir que mentalmente puede tener unas desviaciones". Según Ortega Díaz "la CIDH indudablemente no está en conocimiento de esto porque él no puede tomar ninguna decisión con la minusvalía que tiene; el tribunal decidió inhabilitarlo desde el punto de vista médico". Un manejo de la disidencia muy propio de la extinta Unión Soviética y de las peores dictaduras del mundo.
Ni sus familiares ni los médicos que venían tratando a Brito se explican este diagnóstico clínico de la Fiscal, Es más, lo rechazan por falso y porque no está fundamentado en exámenes clínicos.
Pero, el caso de Franklin Brito, es apenas uno entre cientos de casos de violaciones de los derechos humanos que se registran en la Venezuela actual, contra ciudadanos que han cruzado la frontera de lo permisible por el régimen de Chávez, para hacer crítica, disentir de sus decisiones, o incluso de la independencia en hacer cumplir la ley: El periodista Gustavo Azócar; los comisarios Vivas, Forero y Simonovis, y la juez María Lourdes Afiuni, también se cuentan entre ellos.
El caso Brito además demuestra la discrecionalidad del Gobierno, para responder según la conveniencia de sus intereses ante la protesta ciudadana. Mientras que a Brito, por ser un caso individual lo han "ruleteado" por años, el Gobierno echó para atrás el racionamiento eléctrico en Caracas debido a las protestas generalizadas de la población. ¿Fue el temor de que el descontento popular se le escapara de control?
No hay comentarios:
Publicar un comentario