La semana pasada salió al mercado el "Bono Soberano Internacional Amortizable 2022", una emisión de deuda por $3,0 millardos, con un altísimo cupón de 12,5% por año. Se ofreció al 100% de su valor nominal, para ser pagado en bolívares al cambio de Bs.F.4.30:$.Para el viernes 13 de agosto, el BCV había recibido órdenes firmes de compra por más de $9,22 millardos. Y, el lunes 16, el instituto emisor anunció la adjudicación de la totalidad de la emisión. Lamentablemente, como la mayoría de los manejos financieros del Gobierno de Chávez esta colocación tuvo su lado oscuro.Como se recordará, el 50% de la emisión de este Bono Internacional estaba destinado a empresas de los sectores de Alimentos, Salud y Bienes de Capital. Dentro de esta categoría, el BCV recibió y aceptó en su totalidad las órdenes por $18 millones, o menos. Pero, no se les asignó nada a las empresas que solicitaron más de $18 millones. Lo que se consiguió con esta exclusión fue dejar fuera del juego a las grandes empresas con mayores necesidades de divisas, muchas de ellas empresas multinacionales. Lo correcto, en estos casos, hubiese sido asignar un monto equitativo a todas estas empresas o sea una adjudicación parcial para que nadie quedara fuera.Lo mismo ocurrió con las adjudicaciones de la segunda parte de la emisión, que fue destinada a personas naturales y jurídicas no incluidas en el renglón anterior. A éstas se les aprobó hasta $66 mil, dejando por fuera con cero adjudicación a aquéllas que demandaron órdenes superiores a este monto.Esta forma de proceder ha despertado mucha suspicacia entre los analistas del sector, quienes piensan que algunos compradores hubiesen tenido acceso a información privilegiada acerca de los topes de adjudicación. Lamentablemente, esto no tiene nada de nuevo, ya que se decía lo mismo en torno a las emisiones de 2008 y 2009. Adicional a esto ha trascendido que a los bancos del Sistema Financiero Público se les otorgó el 100% de lo solicitado. Esto significaría que ningún cliente de la banca del Estado pidió más de los topes asignados, lo cual refuerza la percepción de que hubo manejo de información privilegiada.En opinión de muchos críticos, estas sospechas de supuestas irregularidades podrían disiparse si se publicaran los nombres de los bancos, de los compradores favorecidos y los montos adjudicados.
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