El Espectador de Colombia revela en un trabajo especial las declaraciones que le entregaron al alto tribunal dos piezas clave en el caso de las "chuzadas" de DAS, en las cuales se menciona al Gobierno Venezolano de Hugo Chávez y a la Senadora Piedad Córdoba quien habría recibido dinero de parte de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Lea a continuación el texto completo:
Las revelaciones de Tabares y Peñate
Fundados temores sobre la proliferación de espías venezolanos en Colombia, sin propósitos distintos que exportar el modelo bolivariano de Hugo Chávez; millonarios giros de dinero insuficientemente aclarados de la estatal de petróleos del vecino país Pdvsa; los viajes a México y España de la senadora Piedad Córdoba, los motivos de sus desplazamientos y financiación; o la infiltración de las guerrillas en las universidades, constituyen los nuevos escenarios de investigación en el marco del escandaloso proceso de las ‘chuzadas’ del DAS.
Sobre esos asuntos versaron las declaraciones entregadas a la Corte Suprema de Justicia el pasado 3 de diciembre por el ex director del DAS Andrés Peñate —sancionado por la Procuraduría e investigado por la Fiscalía— y el ex director de inteligencia Fernando Tabares —condenado ya a ocho años de prisión— en el marco de la investigación contra la ex senadora Nancy Patricia Gutiérrez. Sus testimonios, conocidos por El Espectador, suman casi tres horas de grabación y, aunque no son muy reveladores, sí aportan nuevos nombres a la controversia. Y unas perlas que seguramente levantarán ampolla.
Peñate resaltó, por ejemplo, que la función estratégica del DAS es la de prevenir y contrarrestar “complots políticos” o conspiraciones contra el orden constitucional y la seguridad del Estado. En ese contexto advirtió que, según las directrices que le dio el presidente Álvaro Uribe cuando tomó posesión de su cargo en 2005, el DAS “no podía destinar sus recursos de inteligencia a perseguir ciudadanos, periodistas, sindicalistas o políticos”. Una afirmación que dista mucho de lo que hasta hoy ha constatado la justicia.
Con todo, Peñate dijo que había información muy grave sobre las intenciones de “un régimen casi totalitario”, como el de Chávez, de exportar su modelo al país “no necesariamente de una manera democrática, sino socavando la institucionalidad”. Cuando llegó al DAS, explicó el ex director, se percató de que había un pequeño grupo asignado a estudiar el tema de Venezuela que era financiado por agencias extranjeras. Inmediatamente dio órdenes de reforzarlo, asignarle un presupuesto y ubicar a funcionarios capacitados para que lo integraran que antes estaban “pegando estampillas en los pasados judiciales”.
Así se descubrió —relató— que un funcionario consular venezolano estaba intentando conseguir información privilegiada de oficiales del Ejército en Bucaramanga o que durante los Juegos Panamericanos la delegación de Venezuela fue la más nutrida y se constató que algunos de ellos estuvieron en barrios marginales de Cartagena y Barranquilla prometiendo cedulación en el vecino país y acceso a campañas de salud “para curar cataratas”. Consiguiendo, en fin, “una base clientelar”. También se encontraron integrantes del Partido Socialista de Venezuela acompañando campañas políticas en Colombia y hasta diplomáticos “en reuniones con universitarios que defendían el derecho de alzarse en armas contra el Estado”.
En síntesis, resumió Peñate, “era un espionaje encaminado a crear una base de apoyo político para un proyecto de expansión”. Con ocasión de esas verificaciones, agregó, apareció una y otra vez el nombre de la senadora Piedad Córdoba. Según el ex director del DAS, fue muy coincidente que en 2006, al tiempo que fuentes del organismo refrendaban que Córdoba formaba parte de los planes del gobierno Chávez, ella hacía apariciones públicas que “se acercaban al proyecto bolivariano”. Por eso, insistió Peñate, durante su administración no se investigó ilegalmente a la senadora “y cuando veo a líderes de opinión que dan esa idea me ofendo personalmente, porque no puedo contestar en la arena pública”.
La Corte lo interrogó sobre las labores del DAS en relación con el polémico viaje de Córdoba a México, en 2007, a una conferencia en la que, según Peñate, la senadora “justifica y valida el alzamiento armado contra la democracia colombiana”. El ex funcionario contó que por informes de prensa se supo que al evento habían asistido miembros de las Farc y que eso molestó mucho al presidente Uribe, porque recientemente se le había comunicado que en México ya no quedaban células terroristas de la guerrilla. Uribe le ordenó a Peñate que se reuniera con Mauricio González, secretario jurídico de Palacio, para que se evaluara si el discurso de Córdoba constituía un delito.
El hoy presidente de la Corte Constitucional le dijo a Peñate que la opinión expresada por Córdoba en México no violaba la ley, que la única posibilidad de que lo hubiera hecho “era si el viaje o su estadía había sido financiada por recursos extranjeros, partidos políticos extranjeros, sin la autorización de la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño”. González le explicó que ningún funcionario podía recibir emolumentos, condecoraciones, pagos o viajes con recursos provenientes del extranjero “sin la debida autorización de Palacio”. Fue cuando se ordenó conseguir el recibo del hotel en México en el que se hospedó la senadora.
La declaración de Tabares
El condenado ex director de Inteligencia Fernando Tabares aportó nuevos detalles a la Corte. Relató que la Embajada de Venezuela en Colombia acreditó a 80 funcionarios que hacían inteligencia para el gobierno Chávez, que el DAS encontró órdenes de operaciones de la Dirección de Inteligencia de ese país (Disip) en ese sentido y se destapó que algunos estamentos económicos, militares y hasta políticos del país fueron ‘penetrados’. Agentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua tenían una línea de trabajo en distintas zonas de Colombia, contó Tabares. Se descubrió así que el gobierno venezolano, a través de Pdvsa, giró dineros a la senadora Piedad Córdoba.
“Y también aparecieron giros a una ONG en Buenaventura por más de $6.000 millones”. Recordó Tabares que en esa línea de investigación apareció el nombre de la hoy destituida senadora, pero también en los rastreos sobre sus contactos con las Farc en la liberación de secuestrados y cuando se indagó la filtración de la guerrilla en las universidades. Se encontraron células terroristas en las universidades de Antioquia, en la Nacional de Bogotá y en Cali. Las pesquisas se habían originado en Manizales y el tema fue discutido con la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, relató el testigo.
El computador del ex jefe del secretariado Iván Ríos evidenció —continuó Tabares— que a través de la Federación de Estudiantes Universitarios las Farc infiltraron varias universidades. En desarrollo de esas pesquisas fue cuando Piedad Córdoba pronunció un encendido discurso en la Universidad del Valle, donde calificó al comandante guerrillero Tirofijo como un revolucionario. Tabares contó que en un contexto donde Chávez calificaba el gobierno colombiano como “narcotraficante” y la senadora Córdoba incitando a otros países a que rompieran relaciones con Colombia, era urgente hacer un barrido del espionaje de gobiernos extranjeros en el país.
Se detectaron relaciones entre las Farc con organizaciones terroristas y de narcotráfico como Eta y Los Tupamaros. Se supo que desde Maicao (La Guajira) grupos islámicos extremistas se movían como Pedro por su casa y quedaron al descubierto recursos enviados desde Colombia para Hezbolá y Al Qaeda. Fernando Tabares señaló que la puerta de entrada de sus enlaces en Colombia era Venezuela. Según dijo, era gente de Irán y se comprobó “que quienes hicieron el ataque terrorista en Buenos Aires (Argentina) entraron por Maicao (a Suramérica)”. Incluso se averiguó que en Buenaventura se creó una escuela que enviaba colombianos a entrenar en terrorismo a la provincia iraní de Qom.
Eran supuestamente funcionarios venezolanos los que los recibían y despachaban cada semana a Teherán en un vuelo que salía de ese país. Ya conversos al islam, “lo que nos estaban devolviendo eran terroristas”, dijo Tabares. Y añadió que el terrorista Sheck Mouchi Rabani, quien organizó algunos ataques en Argentina, intentó venir a Colombia para “desarrollar una reunión de alto nivel con los grupos islámicos”, pero no pudo porque tenía circular roja de Interpol. En su lugar enviaron a su emisario. “¿Y por dónde entró al país? Por venezuela”. La revista virtual Kienyke había anticipado el capítulo islámico revelado por Tabares a la Corte hace dos semanas.
En otros frentes, sin embargo, Tabares soltó unas perlas que hasta hoy son inéditas. Por ejemplo, que el DAS no ordenó seguimientos a los magistrados de la Corte y sus familias, que simplemente “se obtenía información”; que el organismo de inteligencia tiene hojas de vida de todos los ex presidentes y de muchos otros personajes de la vida nacional, lo cual “no significa que yo mandé a hacer un seguimiento a su señora, al hijo o a la empleada del servicio”; o que a Nancy Patricia Gutiérrez, por orden presidencial, se le entregó mucha información sobre Piedad Córdoba que extrañamente no terminó utilizando en un debate en el Congreso.
También dijo que la factura del hotel en México en el que se hospedó Piedad Córdoba fue conseguida por la funcionaria Martha Leal —también detenida— y que la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado —asilada hoy en Panamá— “se la mostró al Presidente”. Leal fue designada para colaborarle con información a Nancy Patricia Gutiérrez sobre Córdoba. Pero, además, Tabares reveló un episodio hasta hoy desconocido. Contó que acompañó a María del Pilar Hurtado a visitar a Martha Leal en su centro de reclusión. Allí Hurtado le preguntó a Leal si había declarado algo ante la justicia sobre el capítulo de la ayuda del DAS a Nancy Patricia Gutiérrez.
Leal le dijo que no, pero que si le preguntaban por eso contaría lo que sabía y quién había dado la orden. “Entonces María del Pilar le dijo que no había necesidad de tocar ese tema”, agregó Tabares. Y siguió soltando perlas. Al ser preguntado si consideraba como alto gobierno a la Presidencia del Senado dijo que sí. “Para mí el alto Gobierno tiene que ver con los tres grandes ejes del poder: la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Si a nosotros el presidente de la Corte nos hubiera pedido un documento de análisis, nosotros se lo hubiéramos hecho y se lo hubiéramos entregado”. Puntualizó, además, que “la Procuraduría nos pedía documentos” sobre funcionarios, información de inteligencia que se le proporcionaba “y nunca se pedía orden judicial”.
En general, el DAS alimentaba constantemente a todos los ministerios y a la Presidencia con información clasificada para “la toma de decisiones”. Indicó que sí supo que se dieron órdenes para sacar el expediente que la Corte adelantaba contra Nancy Patricia Gutiérrez por parapolítica; que “el DAS puede tener fuentes en Avianca, en Bavaria, en la Corte, el Congreso y hasta en la Presidencia”; y que “si a mí una fuente me va a dar información, yo no le exijo requisitos de ley (...). Nosotros en inteligencia nunca hemos requerido una orden judicial. Hasta ahora me dicen que se necesita eso. Y llevamos 30 años engañados”. Y puso como ejemplo, retornando al caso Chávez, que “tuvimos información en Venezuela de generales amigos míos que me entregaron documentos y yo le decía al Presidente: ‘Esto es lo que están pensando las Fuerzas Militares venezolanas’”.
Las revelaciones de Tabares y Lagos a la Corte prometen levantar ampolla. Son apenas el último capítulo de la larga historia de andanzas en el DAS. La justicia indaga. Los testimonios y evidencias se suceden. Y el escándalo no da tregua.
Fuente:
El Espectador
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Las revelaciones de Tabares y Peñate
Fundados temores sobre la proliferación de espías venezolanos en Colombia, sin propósitos distintos que exportar el modelo bolivariano de Hugo Chávez; millonarios giros de dinero insuficientemente aclarados de la estatal de petróleos del vecino país Pdvsa; los viajes a México y España de la senadora Piedad Córdoba, los motivos de sus desplazamientos y financiación; o la infiltración de las guerrillas en las universidades, constituyen los nuevos escenarios de investigación en el marco del escandaloso proceso de las ‘chuzadas’ del DAS.
Sobre esos asuntos versaron las declaraciones entregadas a la Corte Suprema de Justicia el pasado 3 de diciembre por el ex director del DAS Andrés Peñate —sancionado por la Procuraduría e investigado por la Fiscalía— y el ex director de inteligencia Fernando Tabares —condenado ya a ocho años de prisión— en el marco de la investigación contra la ex senadora Nancy Patricia Gutiérrez. Sus testimonios, conocidos por El Espectador, suman casi tres horas de grabación y, aunque no son muy reveladores, sí aportan nuevos nombres a la controversia. Y unas perlas que seguramente levantarán ampolla.
Peñate resaltó, por ejemplo, que la función estratégica del DAS es la de prevenir y contrarrestar “complots políticos” o conspiraciones contra el orden constitucional y la seguridad del Estado. En ese contexto advirtió que, según las directrices que le dio el presidente Álvaro Uribe cuando tomó posesión de su cargo en 2005, el DAS “no podía destinar sus recursos de inteligencia a perseguir ciudadanos, periodistas, sindicalistas o políticos”. Una afirmación que dista mucho de lo que hasta hoy ha constatado la justicia.
Con todo, Peñate dijo que había información muy grave sobre las intenciones de “un régimen casi totalitario”, como el de Chávez, de exportar su modelo al país “no necesariamente de una manera democrática, sino socavando la institucionalidad”. Cuando llegó al DAS, explicó el ex director, se percató de que había un pequeño grupo asignado a estudiar el tema de Venezuela que era financiado por agencias extranjeras. Inmediatamente dio órdenes de reforzarlo, asignarle un presupuesto y ubicar a funcionarios capacitados para que lo integraran que antes estaban “pegando estampillas en los pasados judiciales”.
Así se descubrió —relató— que un funcionario consular venezolano estaba intentando conseguir información privilegiada de oficiales del Ejército en Bucaramanga o que durante los Juegos Panamericanos la delegación de Venezuela fue la más nutrida y se constató que algunos de ellos estuvieron en barrios marginales de Cartagena y Barranquilla prometiendo cedulación en el vecino país y acceso a campañas de salud “para curar cataratas”. Consiguiendo, en fin, “una base clientelar”. También se encontraron integrantes del Partido Socialista de Venezuela acompañando campañas políticas en Colombia y hasta diplomáticos “en reuniones con universitarios que defendían el derecho de alzarse en armas contra el Estado”.
En síntesis, resumió Peñate, “era un espionaje encaminado a crear una base de apoyo político para un proyecto de expansión”. Con ocasión de esas verificaciones, agregó, apareció una y otra vez el nombre de la senadora Piedad Córdoba. Según el ex director del DAS, fue muy coincidente que en 2006, al tiempo que fuentes del organismo refrendaban que Córdoba formaba parte de los planes del gobierno Chávez, ella hacía apariciones públicas que “se acercaban al proyecto bolivariano”. Por eso, insistió Peñate, durante su administración no se investigó ilegalmente a la senadora “y cuando veo a líderes de opinión que dan esa idea me ofendo personalmente, porque no puedo contestar en la arena pública”.
La Corte lo interrogó sobre las labores del DAS en relación con el polémico viaje de Córdoba a México, en 2007, a una conferencia en la que, según Peñate, la senadora “justifica y valida el alzamiento armado contra la democracia colombiana”. El ex funcionario contó que por informes de prensa se supo que al evento habían asistido miembros de las Farc y que eso molestó mucho al presidente Uribe, porque recientemente se le había comunicado que en México ya no quedaban células terroristas de la guerrilla. Uribe le ordenó a Peñate que se reuniera con Mauricio González, secretario jurídico de Palacio, para que se evaluara si el discurso de Córdoba constituía un delito.
El hoy presidente de la Corte Constitucional le dijo a Peñate que la opinión expresada por Córdoba en México no violaba la ley, que la única posibilidad de que lo hubiera hecho “era si el viaje o su estadía había sido financiada por recursos extranjeros, partidos políticos extranjeros, sin la autorización de la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño”. González le explicó que ningún funcionario podía recibir emolumentos, condecoraciones, pagos o viajes con recursos provenientes del extranjero “sin la debida autorización de Palacio”. Fue cuando se ordenó conseguir el recibo del hotel en México en el que se hospedó la senadora.
La declaración de Tabares
El condenado ex director de Inteligencia Fernando Tabares aportó nuevos detalles a la Corte. Relató que la Embajada de Venezuela en Colombia acreditó a 80 funcionarios que hacían inteligencia para el gobierno Chávez, que el DAS encontró órdenes de operaciones de la Dirección de Inteligencia de ese país (Disip) en ese sentido y se destapó que algunos estamentos económicos, militares y hasta políticos del país fueron ‘penetrados’. Agentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua tenían una línea de trabajo en distintas zonas de Colombia, contó Tabares. Se descubrió así que el gobierno venezolano, a través de Pdvsa, giró dineros a la senadora Piedad Córdoba.
“Y también aparecieron giros a una ONG en Buenaventura por más de $6.000 millones”. Recordó Tabares que en esa línea de investigación apareció el nombre de la hoy destituida senadora, pero también en los rastreos sobre sus contactos con las Farc en la liberación de secuestrados y cuando se indagó la filtración de la guerrilla en las universidades. Se encontraron células terroristas en las universidades de Antioquia, en la Nacional de Bogotá y en Cali. Las pesquisas se habían originado en Manizales y el tema fue discutido con la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, relató el testigo.
El computador del ex jefe del secretariado Iván Ríos evidenció —continuó Tabares— que a través de la Federación de Estudiantes Universitarios las Farc infiltraron varias universidades. En desarrollo de esas pesquisas fue cuando Piedad Córdoba pronunció un encendido discurso en la Universidad del Valle, donde calificó al comandante guerrillero Tirofijo como un revolucionario. Tabares contó que en un contexto donde Chávez calificaba el gobierno colombiano como “narcotraficante” y la senadora Córdoba incitando a otros países a que rompieran relaciones con Colombia, era urgente hacer un barrido del espionaje de gobiernos extranjeros en el país.
Se detectaron relaciones entre las Farc con organizaciones terroristas y de narcotráfico como Eta y Los Tupamaros. Se supo que desde Maicao (La Guajira) grupos islámicos extremistas se movían como Pedro por su casa y quedaron al descubierto recursos enviados desde Colombia para Hezbolá y Al Qaeda. Fernando Tabares señaló que la puerta de entrada de sus enlaces en Colombia era Venezuela. Según dijo, era gente de Irán y se comprobó “que quienes hicieron el ataque terrorista en Buenos Aires (Argentina) entraron por Maicao (a Suramérica)”. Incluso se averiguó que en Buenaventura se creó una escuela que enviaba colombianos a entrenar en terrorismo a la provincia iraní de Qom.
Eran supuestamente funcionarios venezolanos los que los recibían y despachaban cada semana a Teherán en un vuelo que salía de ese país. Ya conversos al islam, “lo que nos estaban devolviendo eran terroristas”, dijo Tabares. Y añadió que el terrorista Sheck Mouchi Rabani, quien organizó algunos ataques en Argentina, intentó venir a Colombia para “desarrollar una reunión de alto nivel con los grupos islámicos”, pero no pudo porque tenía circular roja de Interpol. En su lugar enviaron a su emisario. “¿Y por dónde entró al país? Por venezuela”. La revista virtual Kienyke había anticipado el capítulo islámico revelado por Tabares a la Corte hace dos semanas.
En otros frentes, sin embargo, Tabares soltó unas perlas que hasta hoy son inéditas. Por ejemplo, que el DAS no ordenó seguimientos a los magistrados de la Corte y sus familias, que simplemente “se obtenía información”; que el organismo de inteligencia tiene hojas de vida de todos los ex presidentes y de muchos otros personajes de la vida nacional, lo cual “no significa que yo mandé a hacer un seguimiento a su señora, al hijo o a la empleada del servicio”; o que a Nancy Patricia Gutiérrez, por orden presidencial, se le entregó mucha información sobre Piedad Córdoba que extrañamente no terminó utilizando en un debate en el Congreso.
También dijo que la factura del hotel en México en el que se hospedó Piedad Córdoba fue conseguida por la funcionaria Martha Leal —también detenida— y que la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado —asilada hoy en Panamá— “se la mostró al Presidente”. Leal fue designada para colaborarle con información a Nancy Patricia Gutiérrez sobre Córdoba. Pero, además, Tabares reveló un episodio hasta hoy desconocido. Contó que acompañó a María del Pilar Hurtado a visitar a Martha Leal en su centro de reclusión. Allí Hurtado le preguntó a Leal si había declarado algo ante la justicia sobre el capítulo de la ayuda del DAS a Nancy Patricia Gutiérrez.
Leal le dijo que no, pero que si le preguntaban por eso contaría lo que sabía y quién había dado la orden. “Entonces María del Pilar le dijo que no había necesidad de tocar ese tema”, agregó Tabares. Y siguió soltando perlas. Al ser preguntado si consideraba como alto gobierno a la Presidencia del Senado dijo que sí. “Para mí el alto Gobierno tiene que ver con los tres grandes ejes del poder: la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Si a nosotros el presidente de la Corte nos hubiera pedido un documento de análisis, nosotros se lo hubiéramos hecho y se lo hubiéramos entregado”. Puntualizó, además, que “la Procuraduría nos pedía documentos” sobre funcionarios, información de inteligencia que se le proporcionaba “y nunca se pedía orden judicial”.
En general, el DAS alimentaba constantemente a todos los ministerios y a la Presidencia con información clasificada para “la toma de decisiones”. Indicó que sí supo que se dieron órdenes para sacar el expediente que la Corte adelantaba contra Nancy Patricia Gutiérrez por parapolítica; que “el DAS puede tener fuentes en Avianca, en Bavaria, en la Corte, el Congreso y hasta en la Presidencia”; y que “si a mí una fuente me va a dar información, yo no le exijo requisitos de ley (...). Nosotros en inteligencia nunca hemos requerido una orden judicial. Hasta ahora me dicen que se necesita eso. Y llevamos 30 años engañados”. Y puso como ejemplo, retornando al caso Chávez, que “tuvimos información en Venezuela de generales amigos míos que me entregaron documentos y yo le decía al Presidente: ‘Esto es lo que están pensando las Fuerzas Militares venezolanas’”.
Las revelaciones de Tabares y Lagos a la Corte prometen levantar ampolla. Son apenas el último capítulo de la larga historia de andanzas en el DAS. La justicia indaga. Los testimonios y evidencias se suceden. Y el escándalo no da tregua.
Fuente:
El Espectador
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