El Ministerio Público pidió el traslado del área de reclusión de Afiuni a la habitación de máxima seguridad del INOF. Sin embargo, la jueza -quien se encuentra privada de libertad desde el 12 de diciembre de 2009- se resiste al traslado y agradeció al personal de custodia la protección permanente y a la Guardia Nacional por estar atentos de sus condiciones en el centro de reclusión
el-nacional.com
Mediante un comunicado emitido este miércoles por el Ministerio Público, se conoció que el organismo solicitó el cambio de área de reclusión para la jueza, María Lourdes Afiuni Mora -quien fue privada de libertad el 12 de diciembre de 2009, por darle libertad al ex banquero Eligio Cedeño- decisión que la juez se negó a llevar a cabo.
La directora de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, conjuntamente con el fiscal Superior del estado Miranda, Orlando Padrón y el fiscal 13° nacional, Enrique Arrieta, se trasladó al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde se encuentra la funcionaria Afiuni recluída, para verificar las condiciones en las que permanece detenida.
En las conversaciones sostenidas con el Ministerio Público, la jueza Afiuni se mostró sorprendida por las declaraciones emitidas por sus abogados, quienes señalan que no se han protegido sus derechos fundamentales, solicitando que sea trasladada a la sede de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional (antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención).
Por lo tanto, la reclusa manifestó a los representantes del Ministerio Público que no quiere ser trasladada a otro recinto. Afiuni agradeció al personal de custodia la protección permanente, así como a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, por estar atentos de sus condiciones en el centro de reclusión femenino.
Ante tal declaración, el Ministerio Público solicitó a la dirección del INOF, su reubicación a la habitación de máxima seguridad, la cual está ubicada en el área de servicio social y cuenta con una puerta y vidrio, lo cual según las autoridades del Ministerio Público "pretende proteger integralmente los derechos humanos de una persona privada de libertad".
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