Son pocos los venezolanos que aún ponen en duda que la crisis energética sea cosa de juego. De una u otra forma casi todos los ciudadanos están sufriendo en carne propia el precario servicio eléctrico y los estragos del fuerte racionamiento.Es evidente que el deterioro en generación, distribución y suministro de electricidad es consecuencia directa de una gerencia ineficiente, de falta de planificación y de una nula inversión.Ahora, el gobierno decretó los días 29, 30 y 31 de marzo como "días no laborables", otorgándoles el "carácter de feriados a efectos de la LOT". Ante esta medida sobrevenida, no cabe analizar si era o no necesario, o si tendrá los efectos buscados para elevar la cota del Guri.El punto de análisis es que una crisis nacional en materia energética, provocada por el mismo Gobierno, lo ha llevado a tomar una medida de emergencia inconsulta, confusa, incompleta y totalmente discrecional, la cual está siendo peor implementada y, peor aún, agraviando y agrediendo a los ciudadanos.Es cierto que la Ley del Trabajo es clara en cuanto a la potestad del Gobierno de decretar como no laborables un máximo de tres días al año, adicionales a los establecidos por Ley. La norma también es clara en la obligatoriedad de su cumplimiento, salvo las excepciones prefijadas. Pero también es cierto que la ley contempla que el sector o empresa que decida laborar esos días puede hacerlo bajo condiciones especiales de pago de salario extra y una solicitud de permiso previo. Sin embargo, argumentando la magnitud de la crisis, el Ejecutivo cercenó este derecho.Y más grave aún es que está usando todo el poder coercitivo y represivo que puede tener un gobierno de amplia base militar, para agredir y perseguir a aquellos comerciantes que abrieron en los centros comerciales, tal vez por desconocimiento del alcance imperativo de la medida, o quizá presionados por la aguda crisis económica que también azota a los venezolanos.No es justificable de modo alguno, que militares o guardias nacionales, vestidos de civil, obligaran a los comercios a bajar las santamarías bajo amenazas de fuerza y tomando fotos como medida de coacción.El punto es que el Gobierno no puede seguir insistiendo en manejar el país como se maneja a un ejército. Debe entender que la gobernabilidad de una nación pasa por el consenso, el diálogo y la participación democrática de todos los sectores.
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