viernes, 22 de enero de 2010

Fiscal General resta credibilidad al informe de Human Right Watch sobre Venezuela


AAS/Globovisión/Prensa Fiscalía
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que el informe de Human Right Watch sobre Venezuela no tiene credibilidad ni valor alguno. Agregó que el documento no tiene soporte o estudio científico que los respalde, pues son realizados con informaciones publicadas en los medios de comunicación social.
Vale destacar que el informe de HRW en el capítulo sobre Venezuela refiere textualmente lo siguiente: "El gobierno de Chávez ha logrado, en la práctica, neutralizar al poder judicial como un poder independiente del gobierno".

Según reseña una note de prensa del Ministeiro Pública, Ortega Díaz, señala que HRW "ha perdido la sindéresis, al dedicarse a atacar en forma consuetudinaria a países que no tienen una política afecta a la de Estados Unidos, y Venezuela cae en esa situación al no estar subordinada a los lineamientos del Departamento de Estado".

A su juicio, el referido informe presenta muchas contradicciones porque refiere que las personas acusadas de corrupción son perseguidos políticos, pero reconoce, asimismo, como en el caso de Manuel Rosales, que existen investigados por hechos de corrupción.

Recordó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 14 de agosto de 2002 que hablaba de un vacío de poder, de militares preñados de buenas intenciones, una decisión del Poder Judicial demostrativa de la no existencia de subordinación al Ejecutivo.

La Fiscal General también se refirió a aquella parte del informe que señala: "En Venezuela existe un dinámico debate público, en el cual los medios opositores al gobierno y aquellos afines a él pueden hacer oír de igual manera sus críticas y su apoyo a Chávez".

Se preguntó qué significa eso, es decir, si existe o no libertad de expresión, por ello insistió en no darle credibilidad a dicho informe.

Respecto a las críticas que HRW hace a los derechos humanos en el país, puntualizó que si algo enorgullece al Ministerio Público, es la defensa que se hace, especialmente a través de la Dirección de Derechos Fundamentales, del respeto de esas garantías, pese a ser la institución que realiza la persecución penal.

Lamentó que producto de "los logros alcanzados por Venezuela en materia de combatir contra el tráfico de drogas, el informe de dicha ONG no hable para nada de ese tema, pese a que la labor de la Institución y otros organismos ha sido excelente con personas detenidas, deportadas, imputadas, acusadas, condenadas, además de las incautaciones incineraciones y aseguramiento de bienes productos del narcotráfico".

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