Para quienes atribuyen tales prácticas inconstitucionales e impunes a agentes del G2 cubano o a la actuación de la sala situacional que opera desde Miraflores, hay material de sobra, y la “casualidad” de que los hackeados sean todos adversarios del régimen, explica por qué doña Luisa Ortega Díaz y el director del Cicpc, Humberto Ramírez, volteen para un lado, y no anuncien siquiera para disimular una investigación
SIMÓN BOCCANEGRA/TalCualDigital
Este minicronista había aconsejado a Teodoro Petkoff no pararle bolas al tweet que circuló la semana pasada anunciando su muerte y que, como caballo de Troya, se valió de la cuenta hackeada de mi amiga, la periodista Sebastiana Barráez, para difundir la falsa noticia.
Es obvio que se trata de un grave delito informático y que tal rumor ocasionó cierta conmoción en quienes aprecian al director de este diario. Pero lo que llama la atención del asunto es que estos mensajes son lanzados desde cuentas intervenidas de dirigentes políticos, escritores, analistas y periodistas que no respaldan esta parodia de revolución socialista, y a quienes ni el Ministerio Público ni el Cicpc les han ofrecido información de las averiguaciones respectivas de sus denuncias.
Desde luego que habrá, no sin razón, quien me acuse de ingenuo, ya que durante mucho tiempo esta vagabundería ha sido señalada por una ya larga lista de ciudadanos como el escritor Leonardo Padrón; la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel; la periodista Ibeyisse Pacheco y el director de Datanálisis Luis Vicente León.
Del modo como ha sido denunciada, sin respuesta también, la difusión a través de VTV de conversaciones telefónicas privadas, como es el caso reciente de la madre de la diputada María Corina Machado.
En fin, para quienes atribuyen tales prácticas inconstitucionales e impunes a agentes del G2 cubano o a la actuación de la sala situacional que opera desde Miraflores, hay material de sobra, y la “casualidad” de que los hackeados sean todos adversarios del régimen, explica por qué doña Luisa Ortega Díaz y el director del Cicpc, Humberto Ramírez, volteen para un lado, y no anuncien siquiera para disimular una investigación, conscientes de que pertenecen a un gobierno que opera como la mafia, y como tal castiga de manera cruenta a quien asoma sus narices en el terreno donde actúa el capo mayor.
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