JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
La decisión presidencial de ascender de grado militar al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello; y a los gobernadores de Guárico y del Zulia, Ramón Rodríguez Chacín y Francisco Arias Cárdenas, respectivamente; por su participación en las asonadas golpistas del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, no ha sentado bien en los oficiales y la tropa que participaron en ambas intentonas, los cuales recordaron que tienen más de año y medio esperando lo mismo.
"Se debería reconocer a todos los combatientes no solamente a unos. Somos todos o no es nadie", afirmó un teniente del Ejército, quien prefirió mantenerse en el anonimato y quien hizo votos porque el anuncio del primer mandatario, Nicolás Maduro, de que la medida abarcaría a todos los involucrados en las insurrecciones se cumpla en esta ocasión.
En febrero de 2012, coincidiendo con el vigésimo aniversario del 4 de febrero, el fallecido presidente Hugo Chávez, quien lideró las intentonas, dictó un decreto en el cual ordenó readmitir en la Fuerza Armada a todos los uniformados que participaron en los sucesos y otorgarles los respectivos beneficios socioeconómicos (salarios y pensiones retroactivas).
Sin embargo, esta medida no se ha cumplido, al menos para todos. El pasado 27 de septiembre la ministra de la Defensa, almirante Carmen Meléndez, dictó resolución 0026600, en la cual acordó otorgarle una pensión a un grupo de militares implicados en los alzamientos. En la lista destacan el ahora capitán Cabello; el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón; el diputado oficialista Pedro Carreño; el exministro de Banca Pública, Humberto Ortega Díaz y hasta el exgobernador de Aragua, Rafael Isea, quien en la actualidad está en Estados Unidos bajo protección de la oficina antidrogas de ese país (DEA).
Ante esta situación un grupo de los alzados interpuso en octubre un amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para conseguir que se ejecute la resolución presidencial, la cual expirará en febrero próximo.
La intérprete de la Carta Magna todavía no ha emitido un pronunciamiento, pese a que los amparos deben resolverse rápidamente y a que los accionantes estuvieron casi una semana acampados ante la sede del organismo judicial.
De reunión en reunión
El pasado 27 de noviembre, algunos combatientes le informaron al presidente Maduro sobre el incumplimiento del decreto y éste ordenó a la ministra Meléndez, corregir la situación, aseguró el teniente consultado.
"El pasado 2 de diciembre nos reunimos con la directora del Despacho de la Ministra de la Defensa, almirante Celsa Bautista, y ella consideró poco creíble que en los golpes hayan participado estudiantes del entonces Instituto Universitario de la Fuerza Armada (hoy Universidad Nacional de la Fuerza Armada), pero creo que no sabía que Jesse Chacón y Diosdado Cabello en ese momento estaban estudiando en ese centro y hoy ya los han beneficiado", se quejó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario