YOSSELYN TORRES/TalCualDigital
La mayoría chavista en el Parlamento y el Ejecutivo Nacional aplauden la actuación de la Guardia Nacional. La Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo dudan que existan casos de tortura y exceso de las fuerzas del orden durante las protestas y las detenciones masivas de manifestantes.
Las comparaciones entre la actual represión y la del Caracazo se ponen en relieve, a 25 años de ese suceso que dejó, oficialmente, 300 muertos y extraoficialmente más de 3 mil. La directora de Cofavic, Liliana Ortega, teme que la impunidad de aquel entonces se repita.
El Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic) continúa trabajando por la defensa de los derechos humanos.
Hay denuncias del "sacudón" que se pueden comparar con las de estos días. Jimmy Vargas (34 años) murió tras caer el lunes desde una mezzanina de uno edificio donde se resguardaba de los perdigones y gases lacrimógenos que presuntamente lanzaron efectivos de la Guardia Nacional, en la avenida principal de Pueblo Nuevo (Táchira).
Según informes de Cofavic, la muerte de Daniel Guevara (estudiante, 17 años) fue similar. El día 28 de febrero de 1989, en horas de la mañana, el joven regresaba a su casa porque en su liceo suspendieron las clases. Cuando transitaba por la calle San José de La Vega recibió, desde una distancia muy corta, disparos de perdigón provenientes de funcionarios de la Policía Metropolitana. El certificado de defunción señaló que la muerte se produjo por una hemorragia interna producida por las heridas en el tórax.
El asesinato de Geraldine Moreno (estudiante, 23 años de edad) también sucedió por heridas de perdigón. Un presunto efectivo de la Guardia Nacional, durante la noche del pasado 19 de febrero, le disparó a quemarropa cuando la joven observaba una manifestación frente a su residencia, en Tazajal, en la capital carabobeña. Se desprendió su globo ocular derecho y la onda expansiva de los perdigones lesionó su cerebro totalmente.
Después de más de dos décadas pidiendo justicia, Cofavic recuerda que no hay presos por los asesinatos del Caracazo. Liliana Ortega resalta que existen pocas posibilidades de investigación transparente en Venezuela, cuando solo el 3% de los casos violación a los derechos humanos llega a manos de un juez.
Lamentó que haya prejuicios a la hora de referirse a las víctimas. "En el pasado eran saqueadores, ahora son fascistas". Ortega subrayó que las investigaciones se tienen que hacer con imparcialidad.
Las ejecuciones extrajudiciales y la violación sexual "se consideran torturas de acuerdo con estándares internacionales" dijo Ortega, quien agregó que el Estado consiente este tipo de irregularidades.
La Constitución y la Convención Interamericana contra la Tortura establecen que violentar la integridad de los cautivos es un crimen de lesa humanidad. "Venezuela no aprendió la lección con el Caracazo, estamos viendo los mismos abusos de esa época hoy en día", expresó.
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