ARCHIVO/FERNANDO SÁNCHEZ
DEIVIS RAMÍREZ MIRANDA , MARÍA ISOLIETT IGLESIAS | EL UNIVERSALDesde que la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela anunció el 3 de agosto la "suspensión de ingreso de nuevos privados de libertad provenientes tanto del Poder Judicial, como de los distintos organismos policiales del territorio nacional, hasta tanto sea debidamente autorizado por su despacho", el trabajo de los cuerpos de seguridad en Caracas se ha visto mermado.
Ello porque se limitó la captura de personas implicadas en algunos delitos con la intención de evitar que se agudice el hacinamiento que ya existe en los 46 calabozos de tránsito de Caracas, que ya alcanza 35%. Eso no es más que un reflejo del congestionamiento que hay en los centros penales del país, que cuentan con 49 mil reos, cuando su capacidad es de 14 mil, es decir, un hacinamiento representativo del 250% aproximadamente. Así lo indicaron funcionarios de varios cuerpos policiales que fueron consultados.
De acuerdo a la capacidad que existe en las celdas de tránsito, de 197 reclusos (incluyendo femeninas), actualmente hay 266 detenidos distribuidos en las cinco policías municipales, la Policía Nacional Bolivariana y la División de Capturas del Cicpc, en El Rosal. Con esta cifra, se evidencia 35% de sobrepoblación en los calabozos policiales.
Ahora, dicen los funcionarios, deben mantener a los reclusos por tiempo indefinido en los calabozos de sus dependencias a pesar de que no están dotados para que pasen más de 48 horas. Esto hasta que se gire una nueva instrucción desde el despacho de la ministra Varela que se espera, según lo que la propia titular de la cartera penitencia dijo el fin de semana, sea de solo por 15 días.
De todos los organismos de seguridad, la Polinacional es la que representa el mayor índice de hacinamiento, pues sus doce calabozos en la llamada Zona 7 albergan a 100 detenidos, cuando su capacidad es para 24, es decir, un 316% por encima.
Se conoció extraoficialmente que en esa policía los efectivos fueron notificados para que realicen solo tres procedimientos a la semana, y deben ser de delitos o flagrancias graves, dejando aquellos que son considerados menores como arrebatones, robos y hurtos, entre otros.
El Universal intentó verificar esta información con el director del organismo, comisario Luis Fernández, pero no se pudo establecer contacto telefónico. Un grupo de funcionarios de las policías municipales, por iniciativa propia, adoptó la medida de la Polinacional para evitar aumentar el hacinamiento.
Alimenta la impunidad
Mónica Fernández, criminóloga y experta en el tema penitenciario, explicó que esta medida "representa un desacato judicial, porque los privados de libertad que se mandan a las cárceles van por orden de un juez, es decir es un mandato del Poder Judicial, en conclusión la orden de la ministra es un desacato", indicó.
Además explicó que la medida es un "llamado a la impunidad, porque no estimulan a las policías a hacer su trabajo", concluyó Fernández.
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