"Si el presidente tiene pensado soltarla, lo hará ahorita en 2012 por una cuestión electoral", dice Nelson Afiuni en nombre de la jueza, sentada a su lado vestida con ropa holgada y zapatillas y sin autorización para declarar a la prensa en su apartamento de Caracas, custodiado por turnos por 16 militares.
La detención de Afiuni "ha tenido un coste político" para Hugo Chávez y "la presión internacional se puso ahora muy fuerte", prosigue el hermano, con la mente puesta en las elecciones presidenciales del 7 de octubre en las que el mandatario, en el poder desde 1999, aspira a ser reelegido.
Afiuni, de 48 años, acaba de cumplir dos años de detención por haber puesto en libertad condicional a un banquero acusado de corrupción, una decisión por la que fue imputada por ese mismo y otros cargos y por la que Chávez exigió públicamente la pena máxima en Venezuela, es decir, 30 años.
El caso traspasó las fronteras venezolanas y ahora, cuando la justicia le acaba de prorrogar dos años más su detención, a la espera de que culmine el juicio, la ONU pidió de nuevo el fin de su arresto "arbitrario" que cuestiona la "independencia" del sistema judicial venezolano.
También Noam Chomsky solicitó en dos ocasiones al presidente su liberación.
El intelectual estadounidense fue protagonista de un momento muy recordado de Chávez, cuando el presidente venezolano subió en 2006 a la tribuna de la ONU esgrimiendo su obra "Hegemonía o Supervivencia: El dominio mundial de los Estados Unidos" al tiempo que calificaba de diablo al presidente estadounidense George W.Bush.
Afiuni está acusada de corrupción, abuso de poder y de favorecer una evasión - el banquero Eligio Cedeño se fue a Estados Unidos durante su cautelar -, pero la fiscalía no halló pruebas de esos cargos cuando fue imputada por un tribunal, recuerda su defensa.
En su cuenta en la red social Twitter, seguida por más de 85.000 venezolanos y extranjeros, se presenta como "jueza secuestrada por orden de Chávez" y ha admitido desconocer los motivos por los que el mandatario se interesó en el caso Cedeño, pese a todo tipo de especulaciones que circulan en el país.
En su apartamento caraqueño, Afiuni vive con sus padres y su hija de 19 años, tras abandonar por motivos de salud a principios de 2011 la cárcel para mujeres en la que pasó más de un año y cuyos recuerdos la hacen estremecer.
"Mi hermana no salía de la celda porque había mujeres a las que había condenado que la amenazaban y le decían que con su sangre iban a coletear (fregar) todo el penal", recuerda Nelson, que la visitaba cada semana hasta que fue sometida a una histerectomía de urgencia y se trasladó a su apartamento, del que sólo puede salir una vez cada quince días para presentarse al tribunal.
Nelson recuerda el día en que la detuvieron: "Aquello fue un desastre: se llevaron preso a todo el tribunal y a medianoche los soltaron a todos menos a mi hermana y a los dos alguaciles que tenían a Cedeño bajo su custodia" dice.
"Claramente fue una detención política y éste es el caso en el mundo que se demostró más rápidamente", porque Chávez pidió públicamente la pena máxima de 30 años al día siguiente, estima, pese a que el presidente asegura que el poder judicial actuó de forma "absolutamente autónoma" en nombre de la "lucha contra la corrupción".
Pero, para el abogado de Afiuni, José Amalio Graterol, con su detención "se criminalizó la actividad judicial en Venezuela, donde no hay separación de poderes", dice, añadiendo que Chávez es el "único que puede dar la orden para su libertad".
Graterol, quien acusa a los jueces Alí Paredes y al que lo reemplazará próximamente en el juicio, Robinson Vásquez, de estar "parcializados políticamente", asegura que Afiuni seguirá sin presentarse a las audiencias mientras no se den las garantías reclamadas.
"Exigimos un juez no parcializado, un juicio público, con escabinos y al que se permita la entrada de medios de comunicación", enumeró el abogado.
Mientras, Afiuni, que no ha sido destituida de sus funciones, como subraya su hermano, hace yoga, cursos de inglés y mantiene una intensa actividad en Twitter para evitar "arañar las paredes", explica su madre, Elina.
Elina asegura que todavía "no se ha acostumbrado" a vivir rodeada de militares, echando de menos la "falta de privacidad", si bien lo que más le preocupa es la salud de su hija.
"Tiene varios problemas, quistes en el seno y en la axila" pero no puede acudir al médico "porque dicen que no es cáncer". "Ni siquiera puede salir a llevar sol (tomar el aire), a ejercitarse... sigue la tortura", se lamenta su madre.
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Globovisión/AFP
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