SIMÓN BOCCANEGRA/Simón Boccanegra
El domingo en la noche en Venezolana de Televisión, el canal del PSUV, se alegraban del triunfo de Chacumbele en los comicios, entre otras cosas, porque de esa manera no habrá persecución contra los perdedores, lo que habría ocurrido, según ellos, de haber ganado Henrique Capriles Radonski.
Al escuchar este tipo de razonamientos se nos vinieron a la mente los nombres de Manuel Rosales, Eduardo Lapi, Nixon Moreno, Eduardo Manuitt, Patricia Poleo, Carlos Ortega, Ramón Martínez, Oscar Pérez, entre otros, quienes tuvieron que salir del país, precisamente, para evitar ser "juzgados" por tribunales que acatan sin chistar los deseos y caprichos de Esteban.
A quienes se fueron del país hay que agregar los presos que pagan su oposición o falta de "disciplina" en las cárceles venezolanas. Emblemático es el caso de la juez María Lourdes Afiuni, también los casos de los ejecutivos de Econoinvest, los agentes de la Policía Metropolitana e Iván Simonovis, y el general Raúl Baduel, entre otros.
Por supuesto que los panelistas de VTV alegarían que todos estos personajes son juzgados por actos de corrupción, violación de los derechos humanos y participar en un golpe de Estado, pero la realidad es que su pecado, su delito, es no ser serviles a los deseos del comandante presidente.
El caso de Baduel es uno de los más relevantes. Héroe en el regreso de Chávez al poder en 2002, cuando discrepó públicamente del líder pasó a ser sospechoso de corrupción, juzgado y condenado con una velocidad pocas veces vista en el país.
Se habla en estos días de entendimiento, reconciliación y diálogo. Para que se logren esos objetivos es necesario, imprescindible, contar con un Poder Judicial que administre justicia con equidad y que no siga siendo un brazo para la retaliación política. Es posible que esto ocurra, pero ver para creer.
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