KEILYN ITRIAGO MARRUFO/TalCualDigital
Son varias las víctimas venezolanas de derechos humanos que agotaron la vía judicial interna y que cuentan ya con sentencias a favor dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero también existe un grupo importante de denunciantes que si bien están aún en espera, sienten la satisfacción de haber sido escuchados verdaderamente, aunque sea en el extranjero.
Por ello lamentan profundamente el retiro de Venezuela del sistema interamericano, pues saben que este hecho amenaza la posibilidad de que otros ciudadanos puedan conseguir la justicia que les niegan en su propia patria.
El caso de la Masacre del Amparo, en el que fueron asesinados 14 pescadores por funcionarios militares y policiales en la localidad de El Amparo, estado Apure, fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la Corte Marcial ratificara en 1998 la tesis de que los afectados eran subversivos, aun cuando ninguno tenía antecedentes penales.
La instancia internacional ordenó al Estado abrir de nuevo la investigación, así como la indemnización a las víctimas.
Sin embargo, Wolmer Gregorio Pirillo, familiar de una de las víctimas fallecidas, asegura que no se ha llamado a ninguna de las personas que participaron directa o indirectamente en los asesinatos.
No obstante, Pirillo defiende a la Corte IDH, pues considera que es el único órgano que los ha atendido. Señala que hace dos años estuvo en Caracas pidiendo a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que se reuniera con ellos, pero la representante del Ministerio Público sigue sin responderle sobre la cita.
El caso forma parte de una lista de expedientes que han logrado sentencia en la CorteIDH, pero que el Estado no ha cumplido.
AJUSTICIADO EN CASA
Luis Uzcategui obtuvo en septiembre del año pasado una sentencia de la Corte IDH en la que se responsabiliza al Estado venezolano por la ejecución extrajudicial de su hermano Néstor Uzcategui, ocurrida el 1 de enero de 2001 bajo la gestión del comandante del cuerpo policial del estado Falcón, Oswaldo Rodríguez León.
Uzcategui cuenta que agotó todas las vías nacionales, y sólo obtuvo el alegato de que su hermano se había enfrentado a los uniformados, pese a que éste perdió la vida dentro de su propia casa mientras se duchaba, por lo que nunca se pudo demostrar esta tesis.
El camino que debió enfrentar para obtener justicia internacional no fue fácil, dice que tuvo que apartarse de su familia, abandonar dos veces la carrera universitaria, mudarse de sitio en sitio y hasta sobrevivir a dos atentados. "Pero terminé viendo la luz en el camino", sostiene.
Además de determinar la violación del derecho a la vida, la Corte IDH también castigó la burla del derecho a la propiedad privada, pues los uniformados ingresaron al hogar sin ninguna orden de allanamiento y causaron desastres en el sitio.
Del mismo modo rechazaron el atropello del derecho a la protección judicial, y exhortaron a que se emprendieran las investigaciones para determinar a los responsables penales.
Hasta el presente las autoridades no han cumplido, han pasado 23 fiscales en el tratamiento del asesinato que han sido cambiados de jurisdicción sin ninguna razón aparente.
El Tribunal también ordenó el pago de una indemnización a los familiares, pero el pasado 3 de septiembre se cumplió el lapso para que esto ocurriera y hasta ahora el dinero no ha sido recibido por los afectados.
Hace poco Rodríguez León fue sentenciado por más de 20 años de prisión por la muerte de otro ciudadano falconiano, y se le acusa además por 265 asesinatos registrados por el MP. Uzcategui señala que el tratamiento internacional del caso de su hermano de una u otra forma contribuyó a que se le condenara.
Lamenta que el Gobierno se haya empeñado en la salida de Venezuela del sistema de protección arrebatándoles a las venideras víctimas del uso desproporcionado y criminal de la fuerza policial, la posibilidad de obtener sentencias de carácter obligatorio.
FELICES DE SER ESCUCHADOS
El Estado tenía la obligación, por una decisión del Tribunal internacional, de encontrar y darle "cristina sepultura" a los privados de libertad desaparecidos en el Retén de Catia durante el intento de golpe de Estado del 27 de noviembre de 1992, luego de que integrantes de la Guardia Nacional dieran la orden de desalojo pero inmediatamente dispararan contra la población reclusa. Carlos Barreto, familiar de una de las víctimas, dice que a la fecha no se ha cumplido con esa disposición, pero al menos se les ha escuchado.
"Se nos ha dado esperanza", agrega.
VICTORIAS EN LA CORTE
Por los hechos violentos del Caracazo, que se produjeron el 27 de febrero de 1989, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretó al Estado el pago de indemnizaciones a los familiares de los ajusticiados. Esto se hizo, aunque parcialmente, y luego de muchos años de dictada la decisión.
Para Iris Medina, esposa del fallecido Wolfang Quintana, este paso representó un hecho de gran importancia para el país. "Es la única instancia que ha condenado los hechos. Ningún tribunal venezolano se ha pronunciado, ni condenado a nadie", acota.
Quizás el caso que puede proporcionar mayor satisfacción, tal como lo afirma el coordinador general de Provea, Marino Alvarado, es el de los trabajadores de la aerolínea Viasa, empresa que se declaró en quiebra en los 90.
Los empleados hicieron todo lo posible para conseguir justicia por parte de las autoridades nacionales, pero luego de siete años de espera decidieron acudir a la Corte IDH.
Arelia Margarita Rojas, una de cuatro personas que permanece con vida, asegura que las gestiones del organismo lograron abrir el diálogo con el Estado, llegando a un acuerdo que les permitió a los jubilados de Viasa gozar de una paga.
Cuando el Ejecutivo manifestó la decisión de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rojas le pidió al gobierno que rectificara. "La Corte IDH le hace falta a todos, aquí lo que hay que tener es un poco de sensatez".
No hay comentarios:
Publicar un comentario