Para las mentes dictatoriales de quienes tienen el poderío del Gobierno Central y aferrado en sus puños al resto de los poderes públicos de Venezuela, es una afrenta que existan en el país dirigentes de la unidad democrática al frente de tres gobernaciones y más de 70 alcaldías.
Tan es así, que negados a reconocer la legitimidad de Henrique Capriles como gobernador del emblemático estado Miranda, Nicolás Maduro creó “la Corporación de Miranda” que funge como una autoridad paralela a la Gobernación, donde puso al mando de Elías Jaua, el contrincante perdedor frente a Capriles en las elecciones regionales.
Una trácala totalmente inconstitucional había gestado Hugo Chávez, cuando Antonio Ledezma le ganó en 2008 a la Alcaldía Metropolitana a Juan Barreto. Entonces, y apenas horas de conocidos los resultados, se procedió a traspasar arbitraria e ilegalmente competencias de la Alcaldía Mayor a otros despachos. Posteriormente se creó la figura del Gobierno del Distrito Capital, se designó a dedo a Jacqueline Faria como su rectora y se le pasaron a esta recursos, personal y competencias al nuevo ente.
Igual procedimiento se aplicó a Táchira, cuando gobernaba el opositor César Pérez Vivas, y en otra serie de alcaldías no sumidas al proceso bolivariano.
Otra vía para desconocer las autoridades regionales y municipales electas, ha sido la de apertura procedimientos administrativos o penales espurios contra algunos de ellos, en especial contra los más contestatarios. Los casos más extremos judicialmente hablando, son los de los alcaldes de San Cristóbal- Táchira, Daniel Ceballos y de San Diego- Carabobo, Enzo Scanaro, sentenciados ambos a prisión y despojados de sus cargos por el Tribunal Supremo de Justicia, por supuesto desacato de un amparo de la Sala Constitucional del TSJ para mantener el orden público durante las protestas estudiantiles de febrero y marzo de este año. Aunque el juego no le favoreció al oficialismo, dado que las esposas de ambos burgomaestres fueron electas por mayoría abrumadora para reemplazar a sus conyugues en sus funciones.
Paralelamente, gobernadores y alcaldes opositores vienen denunciando consuetudinariamente largas e injustificables demoras u omisiones de traspaso a las regiones de la cuota-parte del Situado Constitucional y de la Ley del Fides que les corresponde.
Esta semana por ejemplo, la Alcaldía Metropolitana denunció que se ha quedado sin recursos para el pago de la nómina laboral al igual que los demás servicios públicos a partir de septiembre, debido a la arbitrariedad del gobierno de Maduro no entregarle su cuota parte del situado desde julio de 2013.
Por su parte, la Alcaldía de San Cristóbal, denuncia que el proyecto para reciclaje de desechos sólidos que promueve la alcalde Ceballos, está en ascuas porque el Ejecutivo Nacional tiene varados en aduana los equipos y los camiones para hacer viable el proyecto que beneficiará a toda una colectividad.
La verdadera intención de este trajinado actuar del gobierno de Maduro es avanzar en la construcción de un Estado Comunal, que no está establecido en ningún lado en la Constitución y destruir uno de los mayores logros políticos de la última mitad del siglo XXI en Venezuela: la descentralización, que acercó a los gobernantes regionales a las comunidades y a sus verdaderas necesidades sociales y económicas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario