Es necesario reconocer que una de las políticas más exitosas de Hugo Chávez fue la de encumbrar sus relaciones internacionales en la región a punta de petrodólares.
Existen sobradas evidencias de la genuflexión de muchos gobiernos de Latinoamérica, afectos al proceso bolivariano, ante el poderío de la petrochequera del gobierno de Chávez, y ahora de Nicolás Maduro. Son múltiples y variados los casos en los que entes regionales supuestos a salvaguardar la democracia y las libertades de los pueblos, o gobiernos del Continente se han hecho la vista gorda frente a las múltiples violaciones a los tratados internacionales de defensa de los Derechos Humanos cometidos en este proceso revolucionario, demostrando una indiferencia que los hace cómplices de la acción criminal y dictatorial del gobierno venezolano en contra de un creciente número de perseguidos políticos.
De nefasta repercusiones fue la negativa del gobierno de El Salvador a otorgar asilo político a los comisarios de la Policía Metropolitana, Lázaro Forero y Henry Vivas, en 2005, para luego entregarlos al gobierno de Chávez (violando el principio de no devolución que contempla el derecho de asilo). A esto se le agrega el que posteriormente, los gobiernos de Argentina, México y Costa Rica y El Salvador incumplieron el compromiso de velar por los derechos de los comisarios a un juicio justo. Hoy son de sobra conocidas todas las violaciones al debido proceso contra Vivas y Forero cometidos por la justicia venezolana, estos fueron condenados injustamente sin pruebas a 30 años de prisión tras un largo juicio lleno de incontables vicios procesales. Ambos comisarios singuen pagando casa por cárcel bajo medidas cautelares debido al grave deterioro de su salud.
Recientemente, el ex embajador ante la ONU, Milos Alcalay fue expulsado de forma injustificada de territorio nicaragüense a fin de evitar que expusiera la realidad que viven los perseguidos en Venezuela, ante el Foro Libertad y Democracia organizado por la Liga Mundial de la Libertad y la Democracia, con sede en Taiwán.
Este fin de semana, por ejemplo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (ya viejo mejor amigo del gobierno venezolano), permitió que su Cancillería deportara a tres dirigentes estudiantiles (Lorent Saleh, Gabriel Valles y Alfonso Caro) y los entregara al SEBIN, la policía política de Maduro, a pesar de las continuas denuncias sobre la falta de independencia y el alto grado de politización de la administración de justicia en Venezuela, que hacen prever que no se respetarán sus derechos a un juicio justo e imparcial. Como afirmó el alcalde Antonio Ledezma, con esta deportación Santos “rompió con la tradición de dar apoyo a tantos demócratas que cruzaron la frontera para buscar refugio en el país vecino”; violó “el principio fundamental en materia de derechos humanos que es el de no devolución que lo obliga a impedir que estos jóvenes estudiantes venezolanos que luchan por la libertad, sean entregados a las autoridades de Venezuela si su vida y su integridad física corren peligro”; incumplió la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los alcances de la Carta Democrática Interamericana “lo que conlleva al aniquilamiento de las libertades fundamentales”. Esta posición de Santos es totalmente repudiable al obviar olímpicamente que “la vida de un muchacho venezolano vale más que trámites comerciales entre gobiernos”.
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