De las cinco revoluciones anunciadas por Maduro la semana pasada, dos describen muy bien las intenciones del gobierno en materia de reactivación del aparato productivo venezolano.
La primera, es la llamada revolución de las misiones socialistas, que habla de que en vez de abocarse a atraer la inversión privada y a incentivar la generación de fuentes de trabajo productivo, su foco está en repartir más de lo que no se produce, a fin de hacer crecer la masa clientelar dependiente de la discrecionalidad de la élite gobernante.
La segunda, la revolución del socialismo territorial, da indicios de que seguirá en su empeño de construir definitivamente un Estado Comunal, lo que llevará a más expropiaciones de propiedades del sector privado, y a que no abonará ni un gramo para garantizar la seguridad jurídica y restablecer el Estado de Derecho a los venezolanos.
Otro de los anuncios que marcan lo que deparará el futuro al sector productivo es la Creación del Sistema de Organización de Empresas Públicas para ordenar los procesos productivos de las más de 900 empresas del Estado que operan en los distintos sectores de la economía nacional, hacer más eficientes y transparentes a estas empresas, este gigantesco holding lo manejará Rodolfo Clemente Marco Torres, el nuevo Vicepresidente de Economía y Finanzas, quien desplazó en el poderío económico al antiguo zar de la revolución Rafael Ramírez.
Esto anuncia más centralización del sector productivo en manos del Estado, más discrecionalidad y mayor espacio a la corrupción, en momentos cuando la “revolución” suma un saldo rojo en la ingente masa empresarial que está en sus manos, principalmente en las empresas básicas de Guayana, sumidas en una parálisis de producción y sumando más de cinco años de pérdidas económicas.
Otros indicios del tono que marcará el manejo de las relaciones con el sector productivo privado lo había dado Nicolás Maduro, a principios de agosto, cuando al presidir el I Congreso de Trabajadores, amenazó a los empresarios con tomar toda “empresa que un burgués paralice”, conminando a que los trabajadores deben tomar aquellas empresas en las que sus dueños “se sumen a la guerra económica”. Más recientemente, a través de las pantallas de VTV, volvió con sus amenazas, esta vez advirtiendo que “no estaba mamando gallo” yque les pondría “los ganchos” si violan la Ley de Precios Justos, con la que supuestamente estaría garantizando “el acceso a los servicios y alimentación a los ciudadanos”. En esa oportunidad precisó que no estaban jugando, pues “estamos entrando a la fase de aceleración, con seguridad y confianza en nosotros mismos”.
Por lo que se ve, Venezuela seguirá sumida en una “revolución” retrógrada, donde se acoquina al sector productivo con una madeja de más de 63 leyes, punitivas, expropiadoras casi en su totalidad, que castran la inversión y la iniciativa privada. Una “revolución”, donde el funcionamiento de las instituciones, su capacidad de investigación y desarrollo, y sus niveles educativos y productivos son tan precarios que han llevado a que el país registre los peores índices de competitividad en América Latina, al ocupar el banco número 131, de un total de 148 naciones que aparecen en el informe del Foro Económico Mundial.
En definitiva, el camino del castrocomunismo arroja a los venezolanos al foso de la amargura.
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