Estas violaciones, apunta el experto en derechos humanos, no se justifican en tanto las estadísticas que maneja Provea hablan claramente de que en el país más del 90% de las manifestaciones son de carácter pacífico y se convierten en violentas justamente cuando los cuerpos de seguridad arremeten contra los manifestantes.
Indica que el Estado cuando está frente a los manifestantes, simplemente tiene que iniciar con el diálogo, pero contrario a esto lo que se ha observado de parte de la Guardia Nacional, de la Policía Metropolitana y demás fuerzas de seguridad del Estado es que, sin iniciar ese diálogo, intimidan a los manifestantes y arremeten contra ellos.
"El más claro ejemplo de intimidación está en la difusión que han hecho los medios de una fotografía con un arma de garra en manos de las fuerzas de seguridad. Ya el gobierno y la fuerza policial intentaron aclarar que se trata de una herramienta para retirar cauchos quemados, no obstante, el sólo hecho de pararse al frente de los manifestantes con ella es intimidación", señala el defensor de los derechos humanos.
"De hecho, en la foto el GN tiene el dispositivo frente a estudiantes que están sentados, es decir, en ese momento no hay ningún caucho incendiado, de manera que cuál es la intención, creo que es amedrentar para que no ejerzan el derecho de protesta y es ahí cuando vemos cómo se va desvirtuando esa práctica democrática que deben tener los cuerpos de seguridad para garantizar el orden público o para enfrentarse a situaciones de protestas", agregó.
Además, señala el experto en manifestaciones pacíficas, el uso de armas y sustancias tóxicas están prohibidas en el contexto de manifestaciones pacíficas, contrario a lo que quiere hacer ver el gobierno. "Todos hemos observado que una protesta no se ha tornado violenta y los cuerpos de seguridad están armados y usan bombas lacrimógenas", acotó.
"Ha sido tan fuerte y tan flagrante la violación de derechos humanos por los cuerpos de seguridad que se ven funcionarios militares armados con los fusiles frente a los manifestantes. Vemos lanzamiento de gases lacrimógenos que es lo primero que se arroja a los manifestantes y está considerado por las Naciones Unidas como armas químicas. Están prohibidas por la Constitución", sentenció Ponce.
Ante lo que consideran la inoperancia del Estado en tomar los correctivos necesarios, Provea llevará todas las denuncias de estudiantes y demás ciudadanos afectados por la represión en manifestaciones ante las instancias correspondientes, a nivel nacional en principio, y cuando se agoten, a nivel internacional.
"Nosotros hicimos el primer llamado de alerta al Ejecutivo Nacional esperando una respuesta satisfactoria pero lamentablemente hemos visto cómo el Estado mantiene sus políticas de represión. Estaremos vigilantes ante tal situación para ejercer oportunamente las acciones de denuncia".
Ocarina Espinoza
EL UNIVERSAL
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