SCZ/Globovisión
En un comunicado la Relatoría de las Naciones Unidas manifestó su "profunda preocupación" ante la situación de los medios en Venezuela.Lea el documento:
La Relatoría de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, manifiesta su profunda preocupación ante el cierre colectivo de canales de televisión por cable en Venezuela, que incluye el cierre de RCTV Internacional que se transmitía por cable después del cierre del canal abierto en mayo del 2007.
Según se tiene conocimiento, el 23 de enero de 2010, el director de Conatel y Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y de Vivienda, Diosdado Cabello, exhortó públicamente a las empresas proveedoras de servicios de televisión por suscripción (cable y satelital) a sacar inmediatamente de sus grillas de programación a los canales que, a su juicio, estarían incumpliendo la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
Según el Ministro, para establecer si un canal se encuentra violando dicha Ley, basta con la opinión de la empresa proveedora del servicio de suscripción o del propio gobierno.
El funcionario estatal advirtió además que, si las empresas operadoras no sacaban del aire a los canales de cable que a su juicio estaban incumpliendo la Ley, "serían ellos y no los canales los que serían sometidos a un procedimiento administrativo." A las cero horas del 24 de enero de 2010, al menos seis canales de televisión por cable fueron sacados del aire, entre ellos el canal RCTV Internacional y TV Chile.
La Relatoría considera que todo cierre de un medio de comunicación, debe obedecer al procedimiento legal previamente establecido, conducido por una autoridad estatal independiente, y no puede ser producto de una decisión administrativa del gobierno. Asimismo, manifiesta su preocupación en virtud que este hecho acontece en el contexto de un año de elecciones parlamentarias y de discusión de varias leyes fundamentales para el país.
Finalmente, la Relatoría exhorta al Gobierno de Venezuela a reconsiderar estas medidas, al restablecimiento de las garantías de libertad de opinión y expresión y de respeto al debido proceso, así como a tener presente no solo la legislación interna de la República Bolivariana de Venezuela, sino también los Convenios Internacionales de los que es parte, en particular el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. De igual manera, insta a las autoridades a garantizar la integridad física y moral de los trabajadores y miembros de los medios de comunicación social.
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