Luis Izquiel // Justicia hasta mediodía

Todas las instancias de la justicia se hallan parcialmente inoperantes

La resolución del TSJ mediante la cual se limita el horario de funcionamiento de los tribunales del país hasta la 1:00 pm, constituye una de las consecuencias más graves del racionamiento eléctrico que el Gobierno nacional impuso a los venezolanos. Todas las instancias de la justicia se hallan parcialmente inoperantes, lo que limita sustancialmente el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

En materia penal, por encontrarse en juego la libertad de las personas, la situación es más preocupante. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, de los casi 32 mil presos que hoy se encuentran en nuestras cárceles, alrededor de 21 mil son procesados en espera de una decisión condenatoria o absolutoria. Con la medida restrictiva del trabajo de los juzgados, el retardo procesal aumentará de forma considerable. Las distintas audiencias son constantemente diferidas. El hacinamiento, que ya tiene colapsados a nuestros penales, será aún mayor. A los detenidos se les está cercenando el derecho al debido proceso.

Por su parte, los ya condenados también ven disminuir la posibilidad de obtener la libertad condicional a través del otorgamiento de un beneficio procesal. El caos penitenciario recrudecerá.

En cuanto a las víctimas de los hechos punibles, las posibilidades de que obtengan justicia disminuyen drásticamente. De conformidad con el informe del Ministerio Público correspondiente a 2008, la impunidad en Venezuela en relación a los delitos comunes alcanzó cerca del 97%; es decir, sólo aproximadamente 3% de los delincuentes fueron acusados. Estas patéticas cifras de justicia se obtuvieron con los tribunales funcionando en horario completo. No resulta difícil imaginar lo que sucederá ahora que laborarán únicamente medio tiempo. Con esta situación, que también obstaculiza la labor investigativa de la Fiscalía, la gran mayoría de los aproximadamente 15.000 homicidios ocurridos en 2009 quedará sin castigo.

Tratados internacionales -como la Convención Interamericana de Derechos Humanos- establecen que la justicia no puede ser paralizada, ni siquiera mediante un decreto de suspensión de garantías. Hoy el TSJ lo hace mediante una simple resolución. De un plumazo, pues. A todos los ciudadanos se nos está violando el derecho a la tutela judicial efectiva.

Actualmente, por culpa de un Gobierno que no hizo en su momento las inversiones necesarias para evitar la crisis eléctrica, los venezolanos nos encontramos desamparados frente a los órganos de justicia. Lo paradójico es que mientras los tribunales laboran sólo medio día, los delincuentes trabajan a tiempo completo y hasta horas extras azotando a nuestra sociedad.

Twitter: @luisizquiel