Por: VenEconomía 24Mar10
Hoy en Venezuela la censura y la represión son cosa del día a día.
Hoy un político como Oswaldo Álvarez Paz enfrenta un juicio y es sometido a prisión por delitos de opinión. Hoy también, la férrea mano del Gobierno censor ha impedido que Venezuela presente un informe alterno al del Ejecutivo para rendir cómo avanza en el combate de la corrupción en la II Ronda de Evaluación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Así, a pedido del Gobierno, Venezuela será el único país miembro de la Convención que no expondrá en esta II Ronda la visión independiente de su sociedad civil sobre el estado actual de la corrupción en el país.
Venezuela como miembro de la OEA es signataria desde mayo de 2001, del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), el cual exige a los países miembros y a sus instituciones la toma de decisiones para combatir la corrupción. Entre éstos, los procesos legislativos, inversión de recursos, el viraje en las políticas públicas y la efectividad de la gerencia pública para la aplicación de las mismas. Y los estados están obligados a someterse a evaluación periódica para medir el avance de las medidas y la efectividad de la puesta en práctica de las recomendaciones de la Mesicic.
Desde 2001, los países miembros han sido evaluados en tres oportunidades (julio 2004, junio 2007 y ahora en marzo de 2010). Al contrario del avance mostrado en la materia por la mayoría de los países, Venezuela no ha atendido las 85 recomendaciones que le ha presentado en dos oportunidades el comité de expertos del Mesicic. El Gobierno además se ha negado a colaborar con Transparencia Venezuela, una ONG de la sociedad civil dedicada a ayudar a las instituciones y organismos del Estado para generar procedimientos, proyectos y políticas que combatan la corrupción.
Y eso no lo es todo. El Gobierno venezolano no sólo pretende seguir llevando a las rondas de la Convención informes con autoevaluaciones elaboradas por entes oficialistas, sino que insiste en impedir que Transparencia Venezuela presente sus informes elaborados tras largos meses de evaluación sistémica en situ.
Tal parece que el Gobierno teme que se ventile en los foros internacionales la realidad de Venezuela. Por ejemplo, como revela el informe documentado por Transparencia, que en el país los sistemas de peso y contrapeso entre los poderes públicos son débiles o nulos. Que la impunidad y la inseguridad jurídica se han enquistado en el país. Que no existen normas para controlar las colocaciones de dinero en la banca pública. Que existe un presupuesto paralelo en manos del Ejecutivo que no tiene controles formales. O que los recursos públicos se estarían utilizando para fines partidistas.
Pero, si estos resultados no son ciertos ¿por qué el Gobierno no los refuta con hechos, sin censura ni represión?
Hoy un político como Oswaldo Álvarez Paz enfrenta un juicio y es sometido a prisión por delitos de opinión. Hoy también, la férrea mano del Gobierno censor ha impedido que Venezuela presente un informe alterno al del Ejecutivo para rendir cómo avanza en el combate de la corrupción en la II Ronda de Evaluación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Así, a pedido del Gobierno, Venezuela será el único país miembro de la Convención que no expondrá en esta II Ronda la visión independiente de su sociedad civil sobre el estado actual de la corrupción en el país.
Venezuela como miembro de la OEA es signataria desde mayo de 2001, del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), el cual exige a los países miembros y a sus instituciones la toma de decisiones para combatir la corrupción. Entre éstos, los procesos legislativos, inversión de recursos, el viraje en las políticas públicas y la efectividad de la gerencia pública para la aplicación de las mismas. Y los estados están obligados a someterse a evaluación periódica para medir el avance de las medidas y la efectividad de la puesta en práctica de las recomendaciones de la Mesicic.
Desde 2001, los países miembros han sido evaluados en tres oportunidades (julio 2004, junio 2007 y ahora en marzo de 2010). Al contrario del avance mostrado en la materia por la mayoría de los países, Venezuela no ha atendido las 85 recomendaciones que le ha presentado en dos oportunidades el comité de expertos del Mesicic. El Gobierno además se ha negado a colaborar con Transparencia Venezuela, una ONG de la sociedad civil dedicada a ayudar a las instituciones y organismos del Estado para generar procedimientos, proyectos y políticas que combatan la corrupción.
Y eso no lo es todo. El Gobierno venezolano no sólo pretende seguir llevando a las rondas de la Convención informes con autoevaluaciones elaboradas por entes oficialistas, sino que insiste en impedir que Transparencia Venezuela presente sus informes elaborados tras largos meses de evaluación sistémica en situ.
Tal parece que el Gobierno teme que se ventile en los foros internacionales la realidad de Venezuela. Por ejemplo, como revela el informe documentado por Transparencia, que en el país los sistemas de peso y contrapeso entre los poderes públicos son débiles o nulos. Que la impunidad y la inseguridad jurídica se han enquistado en el país. Que no existen normas para controlar las colocaciones de dinero en la banca pública. Que existe un presupuesto paralelo en manos del Ejecutivo que no tiene controles formales. O que los recursos públicos se estarían utilizando para fines partidistas.
Pero, si estos resultados no son ciertos ¿por qué el Gobierno no los refuta con hechos, sin censura ni represión?
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