Este lunes 22 de marzo, comienza la segunda etapa de sanciones a los usuarios de alto consumo del sector comercial, industrial y público, según el cronograma establecido en el régimen de racionamiento eléctrico para Caracas.
Según lo anunciado por Corpoelec son 96 los "grandes" consumidores de la Gran Caracas que no cumplieron con la meta impuesta de reducir 20% de su consumo eléctrico en las tres últimas semanas. Éstos ahora serán cerrados por 24 horas, y sobre esos "grandes" consumidores penderá en adelante la amenaza de cierres por lapsos más largos e indeterminados si no cumplen las metas oficiales de reducción de electricidad.
Este corte del suministro de electricidad es violatorio de la Constitución de la República, la cual establece la obligatoriedad del Estado de suministrar "bienes y servicios de calidad" a todos los ciudadanos. Además de que la política de penalizaciones aplicada de forma generalizada e indiscriminada es totalmente injusta. El ente regulador debería haber tomado en consideración que muchas empresas venían aplicando con antelación medidas para reducir su consumo eléctrico y, por tanto, les era imposible cumplir con la cuota oficial de 20%, so riesgo de entrar en pérdidas de producción, en la parálisis de sus operaciones o ir a la quiebra.
En la política de racionamiento también se debería haber tomado en consideración que existen empresas que por su naturaleza no podían reducir la cuota asignada, como es el caso de las industrias con procesos de producción continua.
Otro aspecto cuestionable de esta política de racionamiento eléctrico es que su aplicación es discriminatoria contra amplios sectores de la población, lo cual también contraviene la Constitución. Por ejemplo, mientras a la zona Capital se le aplican cuotas de reducción del consumo, a las regiones se les corta arbitrariamente el suministro por intervalos de 1 a 24 horas diarias sin ningún tipo de racionalidad aparente.
Para VenEconomía, un trato equitativo podría haber sido la aplicación en todo el país de la asignación de cuotas de consumo y porcentajes de reducción de manera consensuada y concertada con los sectores de producción y con los consumidores residenciales. De esta manera se habría minimizado el impacto negativo en el sistema productivo y el deterioro de la calidad de vida del venezolano. Lo que no es aceptable es aplicar medidas de manera inconsulta, unidireccional y midiendo a todos los consumidores con un mismo rasero.
Lamentablemente, en el manejo de la crisis del sistema eléctrico el Gobierno está mostrando tener la misma carencia de planificación y el mismo escaso sentido común que ha demostrado no sólo para prevenir el colapso del sistema eléctrico, sino para el manejo del país.
En el saldo en negativo, el Gobierno cuenta en su haber: Expropiar tierras y propiedades para mermar la producción nacional. Confiscar industrias para seguir mermando la producción y para aniquilar puestos de trabajo. Tomar las empresas de servicios para dejar a PDVSA a la deriva. Asumir las empresas de electricidad para dejar a la población en la oscuridad.
Al final siempres son los ciudadanos los pagadores de su incapacidad para gobernar.
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