Por: VenEconomía 09Abr10
Este viernes 9 de abril se inicia una prórroga de 60 días del decreto presidencial de emergencia eléctrica. Esto a pesar de que según declaraciones a la prensa del ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque, se habría logrado "conjurar cualquier asomo de peligro de colapso eléctrico", gracias al racionamiento que comenzó a aplicarse oficialmente en febrero de 2010. La medida fue tomada en Consejo de Ministros, y según el mandatario nacional, tendría como objetivo "seguir derrotando la emergencia" que afecta al sistema eléctrico. Sin embargo, lo que realmente se evidencia con esta prórroga de racionamiento es que la crisis del sistema eléctrico es más estructural y profunda de lo que el Gobierno ha informado. Ya es claro que a los venezolanos les falta todavía mucho racionamiento de electricidad que sufrir. Pero más allá de la preocupación que causan las limitaciones que mellan la calidad de vida del venezolano, alarman los efectos nefastos que tendrá sobre la productividad de las empresas nacionales, públicas y privadas y en consecuencia sobre el PIB del país.Entre los sectores que se ven más afectados por estos racionamientos están el comercial, sujeto a drásticos límites de operatividad para cumplir las draconianas cuotas de consumo que impone el decreto presidencial, so riesgo de fuertes sanciones y cierres indefinidos.Otro sector afectado es el industrial, sobre todo aquellas empresas que requieren de procesos continuos. Y, muy especialmente, el de las industrias básicas de Guayana, las cuales debido a la prórroga del racionamiento eléctrico tendrán que seguir operando a media máquina y a pérdida.Sólo Alcasa, Sidor y Venalum, tres de las empresas del Estado con mayor consumo energético, han visto reducir su producción entre 24% y 50% desde diciembre de 2009, luego de que fueron obligadas a llevar su consumo de 1.600 MW a 1.040 MW. El Nacional, en un trabajo de Fabiola Zerpa publicado este miércoles 7 de abril, explica que el costo de reducir 300 MW de Venalum fue "cerrar 360 celdas de producción de aluminio que producían 5.180 toneladas al mes, de un total de 14.000 que tiene de capacidad instalada". Según denuncias de los trabajadores muchas de esas celdas fueron irremediablemente dañadas y repararlas tiene un costo de $80 millones. Además, según el Presidente de Venalum a la reductora habrían dejado de ingresarle unos $34 millones mensuales debido a la caída de la producción. En fin, la rueda de la emergencia eléctrica sigue girando para sumarse a los ya graves problemas endémicos y estructurales de las empresas del Estado, donde priva la mala gerencia, la falta de inversión, la obsolescencia tecnológica, una terrible politización, ingente corrupción y severos conflictos laborales. Males todos que requieren mucho más que un mero reciclaje ministerial o en la presidencia del Consorcio Estatal de las empresas básicas.
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