JMS/Globovisión/AFP
La detención de la jueza María Afiuni Mora, encarcelada en Venezuela, fue condenada por la Relatora sobre la independencia de jueces y abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
"Es inaceptable que se le imponga prisión a una jueza por una decisión judicial que ha cumplido con la determinación del Consejo de Derechos Humanos, una decisión que está de acuerdo con la legislación interna de Venezuela", denunció a AFP la Relatora tras la presentación de su informe.
"Puede representar también una medida intimidatoria para los otros jueces y actores del sistema de Justicia en Venezuela", estimó Albuquerque e Silva.
Durante el debate, Venezuela justificó la actitud de su gobierno contra una jueza "actualmente juzgada por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia, abuso de autoridad, y favorecimiento para la evasión de un detenido".
Esos presuntos delitos estarían "previstos y sancionados en el nuestro ordenamiento jurídico, todo ello en ocasión de la medida de libertad condicional que dicha ex jueza dictó sin la presencia del Fiscal del Ministerio Público, en favor del banquero Eligio Cedeño el pasado mes de diciembre de 2009", añadió Venezuela.
Al citado banquero "se le seguía juicio por la distracción de los dineros de los ahorristas de su banco para la adquisición fraudulenta de divisas, por un órden de casi 30 millones de dólares americanos", sostuvo Venezuela.
La liberación dispuesta por la jueza Afiuni Mora habría sido tomada "a pesar de la previa ratificación de privación de libertad que en este caso había dictado el Tribunal Supremo de Justicia", y "el mismo día de su liberación, el mencionado banquero se evadió a los Estados Unidos de América", afirmó Venezuela.
La Relatora replicó ante la requisitoria de AFP que la jueza siguió una recomendación del Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de la ONU, que solicitó la liberación de la persona en cuestión, que "estaba presa desde hacia 34 meses sin una acusación formal", cuando la ley interna en Venezuela autoriza la detención provisoria solo hasta dos años, es decir 24 meses.
"Es una situación que nos preocupa bastante", concluyó Albuquerque e Silva.
"Es inaceptable que se le imponga prisión a una jueza por una decisión judicial que ha cumplido con la determinación del Consejo de Derechos Humanos, una decisión que está de acuerdo con la legislación interna de Venezuela", denunció a AFP la Relatora tras la presentación de su informe.
"Puede representar también una medida intimidatoria para los otros jueces y actores del sistema de Justicia en Venezuela", estimó Albuquerque e Silva.
Durante el debate, Venezuela justificó la actitud de su gobierno contra una jueza "actualmente juzgada por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia, abuso de autoridad, y favorecimiento para la evasión de un detenido".
Esos presuntos delitos estarían "previstos y sancionados en el nuestro ordenamiento jurídico, todo ello en ocasión de la medida de libertad condicional que dicha ex jueza dictó sin la presencia del Fiscal del Ministerio Público, en favor del banquero Eligio Cedeño el pasado mes de diciembre de 2009", añadió Venezuela.
Al citado banquero "se le seguía juicio por la distracción de los dineros de los ahorristas de su banco para la adquisición fraudulenta de divisas, por un órden de casi 30 millones de dólares americanos", sostuvo Venezuela.
La liberación dispuesta por la jueza Afiuni Mora habría sido tomada "a pesar de la previa ratificación de privación de libertad que en este caso había dictado el Tribunal Supremo de Justicia", y "el mismo día de su liberación, el mencionado banquero se evadió a los Estados Unidos de América", afirmó Venezuela.
La Relatora replicó ante la requisitoria de AFP que la jueza siguió una recomendación del Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de la ONU, que solicitó la liberación de la persona en cuestión, que "estaba presa desde hacia 34 meses sin una acusación formal", cuando la ley interna en Venezuela autoriza la detención provisoria solo hasta dos años, es decir 24 meses.
"Es una situación que nos preocupa bastante", concluyó Albuquerque e Silva.
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