Por: VenEconomía
Estados Unidos este martes dio un nuevo paso para obligar al Gobierno de Irán a acercarse "a negociaciones reales con las potencias de Occidente sobre su programa nuclear".
Bajo el marco de la Ley Integral de Sanciones, Responsabilidad y Desinversión contra Irán, (CISADA) de 2010, el Departamento de Estado impuso sanciones a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras seis empresas extranjeras de Israel, Mónaco, Jersey, Irán y los Emiratos Árabes Unidos.
También se impusieron sanciones a otras 15 empresas y individuos por transacciones que facilitaban a Irán el acceso a materiales y tecnología misilística, incluyendo entre ellas a la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM).
Las sanciones a PDVSA se motivan por la entrega a Irán entre diciembre de 2010 y marzo de 2011, de dos cargamentos valorados en $50 millones de "reformate, un componente utilizado en la producción de gasolina.
Como era de esperar, el Gobierno de inmediato comenzó a sacarle punta electoral a estas medidas, llamando a la conciencia nacionalista del venezolano y a hacer arengas destempladas sobre la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y otras más.
La realidad es que las medidas impuestas, son apenas un recordatorio a las empresas e individualidades afectadas de la vigencia de las normas de la ONU sobre la prohibición de cooperar con el controvertido programa nuclear de Irán y una primera señal de los riesgos que corren de no acatar las restricciones.
Las sanciones impuestas a PDVSA y CAVIM incluyen la prohibición de: "licitar para contrataciones públicas del Gobierno de EE.UU., obtener financiamiento del Export-Import Bank de EE.UU.; obtener licencias de exportación de EE.UU. y acceder a tecnología sensible".
Se trata de sanciones morales que no tendrán mayores efectos ni económicos ni comerciales. Para empezar, las sanciones "no se aplican a las filiales de PDVSA y no prohíben la exportación de crudo a Estados Unidos", dado que la estatal vende a empresas privadas norteamericanas y no al Gobierno de ese país. Tampoco se afectan licencias de tecnología vigentes.
Cabe mencionar también que, Venezuela desde hace más de diez años no ha solicitado crédito al Ex-Im Bank de los Estados Unidos. Finalmente, las sanciones se aplican a PDVSA, y no a la nación venezolana ni tampoco a otras empresas venezolanas.
No obstante, se piensa que la percepción de riesgo país aumentará, que será más difícil y más costoso tanto para privados cómo públicos conseguir financiamiento y que se hace aún menos atractivo el país para los inversionistas extranjeros.
En el último análisis, por lo tanto, las sanciones afectarán más a las empresas privadas por razones de crédito e inversión que a las empresas del Estado y, quizás más importante aún, servirán para fortalecer al régimen de Chávez a expensas de las fuerzas que luchan para reestablecer la democracia venezolana.
Bajo el marco de la Ley Integral de Sanciones, Responsabilidad y Desinversión contra Irán, (CISADA) de 2010, el Departamento de Estado impuso sanciones a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras seis empresas extranjeras de Israel, Mónaco, Jersey, Irán y los Emiratos Árabes Unidos.
También se impusieron sanciones a otras 15 empresas y individuos por transacciones que facilitaban a Irán el acceso a materiales y tecnología misilística, incluyendo entre ellas a la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM).
Las sanciones a PDVSA se motivan por la entrega a Irán entre diciembre de 2010 y marzo de 2011, de dos cargamentos valorados en $50 millones de "reformate, un componente utilizado en la producción de gasolina.
Como era de esperar, el Gobierno de inmediato comenzó a sacarle punta electoral a estas medidas, llamando a la conciencia nacionalista del venezolano y a hacer arengas destempladas sobre la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y otras más.
La realidad es que las medidas impuestas, son apenas un recordatorio a las empresas e individualidades afectadas de la vigencia de las normas de la ONU sobre la prohibición de cooperar con el controvertido programa nuclear de Irán y una primera señal de los riesgos que corren de no acatar las restricciones.
Las sanciones impuestas a PDVSA y CAVIM incluyen la prohibición de: "licitar para contrataciones públicas del Gobierno de EE.UU., obtener financiamiento del Export-Import Bank de EE.UU.; obtener licencias de exportación de EE.UU. y acceder a tecnología sensible".
Se trata de sanciones morales que no tendrán mayores efectos ni económicos ni comerciales. Para empezar, las sanciones "no se aplican a las filiales de PDVSA y no prohíben la exportación de crudo a Estados Unidos", dado que la estatal vende a empresas privadas norteamericanas y no al Gobierno de ese país. Tampoco se afectan licencias de tecnología vigentes.
Cabe mencionar también que, Venezuela desde hace más de diez años no ha solicitado crédito al Ex-Im Bank de los Estados Unidos. Finalmente, las sanciones se aplican a PDVSA, y no a la nación venezolana ni tampoco a otras empresas venezolanas.
No obstante, se piensa que la percepción de riesgo país aumentará, que será más difícil y más costoso tanto para privados cómo públicos conseguir financiamiento y que se hace aún menos atractivo el país para los inversionistas extranjeros.
En el último análisis, por lo tanto, las sanciones afectarán más a las empresas privadas por razones de crédito e inversión que a las empresas del Estado y, quizás más importante aún, servirán para fortalecer al régimen de Chávez a expensas de las fuerzas que luchan para reestablecer la democracia venezolana.
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