Juntos por la seguridad

Enfrentados por sus aspiraciones electorales de cara a 2012, el gobierno y la oposición se esfuerzan para hacer frente unidos a la criminalidad y para ello preparan un plan contra el porte de armas de fuego, implicadas en más del 90% de los asesinatos en 2010.

La gran cantidad de armas que circulan entre la población y su fácil acceso en Venezuela son realidades que el Ejecutivo y sus detractores se han visto obligados a afrontar en su lucha contra la inseguridad en el país, drama cotidiano de los ciudadanos.

Según cifras difundidas por el Parlamento en 2009, entre 9 y 15 millones de armas, legales e ilegales, circulan en este país de 28 millones de habitantes.

Ante este panorama, diputados del oficialismo y de la oposición relanzaron un antiguo proyecto de ley de desarme y control de armas y municiones, logrando que sus diferencias políticas se maticen en torno al mismo esfuerzo: dar más seguridad a la población.

"El espíritu de los legisladores ha sido el de trabajar por encima de nuestras tendencias políticas por la seguridad ciudadana", dijo el diputado Juan Carlos Caldera, miembro de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática.

La idea principal es promover el "desarme voluntario a cambio de becas estudiantiles, créditos y viviendas", así como agilizar los trámites para la destrucción inmediata de armas decomisadas por la policía y evitar que éstas sean robadas y comercializadas, explicó.

"Si se trata de trabajar en favor de la vida de los venezolanos, ¿por qué no unirnos?", indicó el legislador, quien estima que la ley se debatirá en julio en el Parlamento, que desde septiembre de 2010 cuenta con 40% de diputados de oposición.

La agobiante inseguridad es el principal reclamo de los detractores del gobierno del presidente Hugo Chávez, quien aspira ser reelecto por tercera ocasión en 2012.

Según datos oficiales, en 2010 hubo al menos 14.000 asesinatos en Venezuela, es decir 48 por cada 100.000 habitantes, un récord en el continente. Un 94% de estos homicidios fue cometido con armas de fuego, indicó la policía, que en mayo destruyó unas 65.000 armas ilegales decomisadas en 2010.

Esta cifra significa que "cada ocho minutos un organismo de seguridad se incauta de un arma de fuego", dijo el titular de la Dirección de Armas y Explosivos de la policía, el general Julio Morales.

"Es muy fácil y barato comprar armas ilegales, en cualquier barriada se consiguen y hacerse de un permiso para el porte es muy sencillo en el país", explicó el abogado criminalista, Fermín Mármol, también catedrático de la Universidad Santa María.

Según el experto, además del tráfico de armas a través de las extensas fronteras venezolanas, "hay un mercado negro de aquéllas incautadas por la fuerza pública".

El proyecto de ley de desarme no es el único esfuerzo en este sentido. Recientemente, Chávez nombró una comisión, que incluye a la oposición, académicos, ONG e instituciones del Estado, para que diseñe políticas de desarme a corto plazo tales como el censo y marcación de armas y municiones, en especial las de empresas de seguridad y la fuerza pública.

Por su parte, el ministro de Interior, Tarek El Aissami indicó que se buscará imitar experiencias como la de Brasil, cuyo gobierno creó un fondo millonario para pagar a quienes entregaran voluntariamente sus armas.

También se debe cambiar la "creencia errada de que es necesario tener un arma de fuego para defenderse de la delincuencia", añadió el ministro.

Por último, Caldera detalló que la futura ley también planea limpiar de armas las cárceles del país, a cambio de otorgar beneficios sociales a las familias de los presos. Asimismo, se premiará con créditos a las gobernaciones o alcaldías que decomisen más armas.

"Las cifras hablan por sí solas y son para que trabajemos juntos por la seguridad de los venezolanos", concluyó el diputado.
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