Es una realidad que millones de venezolanos asumieron a Hugo Chávez como “su líder religioso” y adscribieron su proyecto castrocomunista, el cual promovió hábilmente con su don de manejador de masas como la panacea de la desigualdad social y la exclusión. Esos millones de venezolanos hoy lo lloran y reflejan al mundo conmovedoras expresiones de dolor por su pérdida.
También es una realidad, que esta desaparición física del caudillo no le puede ser indiferente a los otros tantos millones de venezolanos, esos a los que Chávez renegaba y vilipendiaba por pensar diferente, los que sufren hoy los efectos devastadores de sus políticas excluyentes y lloran la pérdida de familiares, amigos, propiedades, e incluso pagan penas injustas de prisión, destierro y exilio.
Así que es muy difícil en estas horas de partida de Chávez obviar los profundos, y encontrados sentimientos de esas dos mitades de millones de venezolanos, válidos todos ellos por igual.
Más difícil aún es cuando, incluso en estas horas de dolor y conmoción de los seguidores del mandatario, los más compiscuos representantes del chavismo no solo no han bajado la intensidad de la virulencia en sus mensajes contra los opositores políticos sino que además han puesto ex profeso notas hostiles en los actos mortuorios.
Para comenzar, ¿por qué si Hugo Chávez fue un Presidente civil de un Estado democrático, electo por el voto popular, la capilla ardiente de su velación está en un fuerte militar y no en el Palacio Federal, sede de la Asamblea Nacional, institución bandera de la pluralidad democrática y donde están los representantes del pueblo? El sitio de los honores fúnebres está fuera de lugar pero tiene toda una intencionalidad política.
También están fuera de toda norma constitucional las declaraciones del ministro de la Defensa, Diego Molero, proclamando que la misión de la Fuerza Armada Nacional es llevar a Nicolás Maduro a la Presidencia. Esta es una clara violación del artículo 4 de la Carta Interamericana y de la Constitución Nacional que, en su artículo 328, ordena que la Fuerza Armada Nacional “está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. Y si bien la Constitución de 1999 le dio a los militares el derecho a votar, también los obliga a ser garantes de que se respete la voluntad popular en cualquier contienda electoral. No hay que olvidar que el Ministro de la Defensa, también está a cargo del Plan República, un vital operativo que resguarda todos los equipos y materiales electorales, incluyendo las actas de votación y los votos, además de mantener el orden público.
Esta declaración de subordinación del Ministro de la Defensa a una persona es altamente preocupante, más aún cuando durante las exequias de Chávez, algunas de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, ente administrador del proceso electoral y también de obligada imparcialidad y objetividad, enarbolaban en sus vestimentas los emblemas del PSUV.
Para colmo de las ilegalidades y violaciones de toda norma democrática está el hecho de la autoproclamación el martes en la noche de Nicolás Maduro como Presidente de la República, al mejor estilo de Pedro Carmona. Y peor que Carmona aún, pues asumió la Presidencia sin un acto de juramentación protocolar ante un poder público y a la sombra de la población.
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