El retroceso histórico de la “revolución bonita” que trajo Hugo Chávez a Venezuela incluye la implantación de un proceso inquisitorio para castigar y anular cualquier tipo de herejía contra las políticas y directrices del castrocomunismo.
Instituciones como la Asamblea Nacional, la Fiscalía General, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República, bien al unísono o bien alternándose, actúan como el Tribunal Eclesiástico organizado por el Papa Gregorio IX en el siglo XII.
Son cientos los ejemplos que hablan de cómo se utilizó en tiempos de Chávez este formato inquisidor para hacer de las suyas al perseguir, acorralar y penalizar a cuanto dirigente político opositor, o disidente de la causa, considerado un obstáculo.
Ahora, desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia de la República, por obra y gracia del CNE y del TSJ, la inquisición contra los demócratas sigue haciendo de las suyas.
Entre otras, se tiene un informe espurio donde se culpa a Henrique Capriles por las protestas realizadas por electores indignados tras el fraude comicial, las cuales terminaron en violencia al ser agredidos éstos por los cuerpos de seguridad del Estado y grupos de choque oficialistas. También se trata de culpar al periodista Nelson Bocaranda por los supuestos ataques a varios CDI entre el 15 y el 16 abril, presuntamente fomentados por un tuit del columnista que alertaba al CNE de una irregularidad electoral en un CDI del estado Zulia. Investigaciones de la ONG Provea y varios medios de comunicación confirman que no se registró ataque alguno en dicho CDI. A Bocaranda lo quieren sacar de circulación no solo por sus fidedignas informaciones sobre la salud de Chávez, sino porque es uno de los pocos periodistas que hoy se atreven a informar verazmente. Otro periodista en la mira es Leocenis García (6º Poder; C. El Comercio) por sus denuncias de corrupción en las altas esferas del gobierno.
La diputada María Corina Machado está siendo investigada por la AN, tras divulgarse un audio de una conversación privada que sostuvo en la residencia del historiador Germán Carrera Damas, audio que fue manipulado para hacer pensar que estaban conspirando. La ironía es que esa misma Asamblea se ha negado a investigar en varias ocasiones graves acusaciones de corrupción que involucran a oficialistas, así como tampoco investigó el audio de Mario Silva con un G2 cubano que contenía aseveraciones que lesionaban la soberanía nacional.
A Andrés Velásquez, paladín de las denuncias por corrupción en las empresas de Guayana, ahora se le quiere allanar la inmunidad parlamentaria por el supuesto de que sus denuncias son falsas. Lo insólito es que el propio Maduro se ha hecho eco públicamente de las denuncias por actos de corrupción en Ferrominera del Orinoco.
No se escapan de estas persecuciones el gobernador de Lara, Henri Falcón y el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, a quienes se les reabrieron casos ya ventilados sin encontrar ningún asidero para seguir juicios.
Y uno de los últimos juicios de la inquisición revolucionaria, por ahora, es el que quieren ejecutar el TSJ y la AN contra Richard Mardo, diputado de Primero Justicia, a quien el TSJ le quitó su inmunidad parlamentaria tras lo cual se le abriría un juicio sustentado “en pruebas falsas, en pruebas forjadas obtenidas de manera irregular o en la ausencia absoluta de pruebas”.
Mientras tanto, las autoridades, incluyendo la AN, la Fiscalía y el TSJ siguen haciéndose la vista gorda sobre las múltiples violaciones de los que están con la “revolución bonita”.
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