Este domingo 25 de agosto, la gobernadora del estado Falcón, Stella Lugo, informó a la prensa nacional que pedirá el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada de la alianza democrática María Corina Machado. La excusa para esta solicitud es que la aguerrida diputada y un grupo de dirigentes de la unidad democrática habrían repartido folletos en Paraguaná que advertían la grave situación a la que PDVSA ha llevado a la refinería de Amuay.
La tesis que sostiene la mandataria regional es que estos folletos evidenciarían que se está gestando un saboteo a la refinería desde la acera de los demócratas. Hipótesis esta que va en línea con la denuncia del magnicidio que hicieran Nicolás Maduro y su cohorte parlamentaria encabezada por Diosdado Cabello.
La verdad de todo este circo de denuncias sobre inventos de saboteos y magnicidios se puede encontrar en el empeño de radicalizar al totalitarismo castrocomunista que se puso en marcha con la asunción ilegal al poder de Maduro. Esa radicalización se facilitaría si el gobierno logra controlar 99 escaños en el Parlamento, cifra a la que llegaría si sumase a la bancada oficialista un nuevo diputado. Esto le daría a la Asamblea vía libre para aprobar a diestra y siniestra lo que le convenga al gobierno.
Por ejemplo, con el “voto 99” se podría:
– Aaprobar una Ley Habilitante que le permitiría a Maduro legislar sobre el supuesto combate a la corrupción y que serviría como arma caza brujas para hacer caída y mesa limpia con la dirigencia opositora y con todos aquellos que aún siendo del PSUV, no comparten el desastre del gobierno de Maduro.
– Nombrar un Contralor de la República, rojo rojito, que diga amén a las señales de Miraflores. El nombramiento del Contralor tiene más de dos años de mora constitucional, desde que falleció Clodosvaldo Russián, el famoso contralor de las inhabilitaciones políticas de los dirigentes demócratas.
– Nombrar a dedo a siete magistrados del TSJ, lo que permitiría mantener atornilladas las decisiones de juicios y sentencias, según se concreten en las famosas reuniones de los viernes que denunció el ex magistrado Eladio Aponte Aponte.
– Nombrar a tres de los rectores del Consejo Nacional Electoral entre la fila de su séquito, para profundizar la hegemonía y lograr la total obediencia al Ejecutivo Nacional, sin que nadie obstaculice la proclama de la victoria del oficialismo cualquiera que sean los resultados electorales, y para que se sigan amparando las violaciones del gobierno a la ley de los procesos comiciales.
Entre otros diputados que están en la mira del gobierno para sacarlos del medio, está el escaño de María Corina Machado. Resulta que el suplente de Machado es Ricardo Sánchez, un diputado por Un Nuevo Tiempo que se separó de la MUD para constituirse en “independiente”, ser secretario general de un nuevo movimiento Alianza Para el Cambio, que no apoyó la candidatura presidencial de Henrique Capriles, pero que tampoco se ha plegado al oficialismo. La esperanza de los oficialistas es que Sánchez pase al lado del gobierno y les dé la mayoría que requieren para el avance de la revolución.
Analistas consultados por VenEconomía, indican que Sánchez, ex dirigente del movimiento estudiantil que lideró la resistencia democrática contra la reforma constitucional de 2007 y las protestas cuando el cierre de RCTV, es un demócrata convencido que no apoyaría de ningún modo un golpe parlamentario que cerraría definitivamente las puertas de la democracia en Venezuela.
Lo cierto es que si el gobierno llega a adosarse el diputado 99, éste pasará a la negra historia del país como aquél que vendió su patria.
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