Este martes 15 de octubre de 2013, será otro día que pasará a la negra historia que se escribe con la “revolución”.
En esta oportunidad los hechos lúgubres se registran en la sede del Poder Legislativo del país, que por mandato constitucional es autónomo e independiente, y donde hacen vida los representantes directos de la voz del pueblo electos por voto secreto, universal y directo.
Los hechos se desatan a raíz de la solicitud de una Ley Habilitante realizada ante el Parlamento el 8 de octubre por Nicolás Maduro, un mandatario sin legitimidad de origen y sobre el que existen dudas razonables no respondidas de la legalidad de sus condiciones de elegibilidad para ocupar la Presidencia de la República.
El primer hecho deviene de la reacción lógica de protesta de la bancada de la oposición democrática ante un agresivo verbo de Maduro contra sus representantes, violando el artículo 75 del Reglamento de Interior y Debates que prohíbe “proferir alusiones ofensivas”. Una agresividad que se acompaña además de toda una barra de adeptos pagados por el oficialismo que cercan, coaccionan y amenazan a los diputados de oposición en los alrededores y dentro del Parlamento y del abuso de poder del propio Presidente de la Asamblea que silencia sus micrófonos.
La consecuencia de ejercer el legítimo derecho a la protesta y a interpelar a quien ocupa la Presidencia de la República, es que a dos parlamentarios (Julio Borges de Primero Justicia y Nora Bracho de Un Nuevo Tiempo) se les ha puesto un candado por 30 días a su derecho de palabra como sanción por una supuesta “conducta irrespetuosa” durante el discurso de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional. Es inadmisible esta censura que se le quiere imponer a miles de venezolanos a través de sus dos representantes elegidos con sus votos. ¿Será éste un anticipo de lo que se verá en adelante con mayor cotidianidad cuando el nuevo Cesppa comience a aplicar formalmente su poder para callar a todos los venezolanos? ¿Se retrotrae a Venezuela a la época del shiiito de Gómez?
Esta temeraria arbitrariedad se lleva a cabo cuando aún están frescas en la memoria de los venezolanos, las agresiones físicas que hicieran en pleno Hemiciclo representantes del oficialismo contra varios diputados de la bancada democrática, las cuales no han sido ni investigadas, mucho menos sancionadas.
El segundo hecho está relacionado con la conformación de la Comisión Parlamentaria que “analizará”, “evaluará” y obviamente aprobará la Ley Habilitante, en la cual arbitrariamente no se incluyó a ningún diputado de la oposición democrática.
Con esta ilegal y abusiva actuación del oficialismo se está excluyendo a más de la mitad de la población electoral del país representada por estos diputados, en un tema tan álgido como es dar amplios poderes especiales para legislar a Nicolás Maduro sobre corrupción, asuntos económicos, que incluyen desde “combatir” el financiamiento de los partidos políticos, “profundizar” sanciones penales, luchar contra las potencias extranjeras que pretendan “destruir la Patria” e “inspirar” la ética y la moral socialista dentro de la función pública.
Como es de pensar, no le pasará a Maduro por su cabeza al legislar que esa “potencia extranjera” que destruye la Patria es Cuba y que la desviada “ética y moral socialista” en el manejo de la cosa pública es lo que ha permitido que los reales de la República engrosen las arcas de los boliburgueses del castrocomunismo.
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