Mientras la Asamblea Nacional prepara su show para darle los poderes habilitantes a Nicolás Maduro, para combatir la corrupción que se carcome a la revolución y para que pelee en la fantasiosa guerra económica que se han inventando para evadir las responsabilidades del gobierno del castrocomunismo en la debacle del país, los venezolanos viven la guerra real que se gesta en el sector de la salud, tanto público como privado.
Una de las más dramáticas guerras reales que se desarrolla ante la vista impávida de las autoridades es la que enfrentan los enfermos de cáncer, una enfermedad que requiere para ofrecerle sobrevivencia y calidad de vida a quienes la padecen de un diagnóstico temprano y de un tratamiento oportuno e inaplazable, el cual por sus costos es inaccesible a la mayoría de la población.
En la Nueva Venezuela, y en especial en el sector público, entre 80% y 90% de los equipos de radiología hoy presentan fallos y es irregular la distribución de los fármacos para combatir el cáncer debido al “supuesto retardo en la entrega de divisas a la industria farmacéutica por parte del Estado, que controla la entrega de dólares en el país desde hace diez años”, según denuncian grupos de médicos, activistas de los derechos humanos y diputados que acudieron hace unos días ante la Fiscalía General a presentar la denuncia.
La situación es cada vez más grave, según denuncian, ya que al fallar el suministro de estos fármacos, los pacientes tienen que interrumpir el tratamiento, poniendo en riesgo sus vidas.
Según reporto el diario El Nacional el 9 de este mes, el ex ministro de Salud y vocero de la Red Defendamos la Epidemiología, Félix Oletta, había advertido desde finales de agosto que en el país hay escasez de ciclosfosfamida, “un medicamento de primera línea en cáncer de mama, en linfomas y leucemia”. Pero, además, éste también es utilizado para el tratamiento de neuroblastomas y retinoblastomas”. El Dr. Oletta informa que en la actualidad hay 13 medicamentos inexistentes en las farmacias de alto costo del Seguro Social, entre otros utilizados para el cáncer de cuello uterino, de testículo, de ovario, de riñón y de pulmón.
A este alerta se suma la Sociedad Venezolana de Mastología la cual recordó en un comunicado público “que el derecho de la salud está consagrado en el artículo No. 83 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, derecho social fundamental”, busca “notificar e involucrar a la Red de Sociedades Científicas Médicas de Venezuela, a las Sociedades Científicas involucradas en el manejo del cáncer de la mama, a la Academia de Medicina y a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) relacionadas”, sobre la gravedad del problema que se enfrenta y solicita “a la brevedad posible, una reunión con las Autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en la persona de su Ministra, la Dra. Isabel Iturria, para “ofrecer el asesoramiento científico y apoyo institucional para obtener resultados positivos”.
Sería de esperar que la Fiscal General y la Ministra de Salud atendieran a estos especialistas con la misma brevedad de tiempo con la que la Fiscal General atendió el pedido de Maduro para cercenar el derecho a informar que tiene el diario 2001. Pero, la justicia y la salud en Venezuela también se sirven por cuentagotas.
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