Hugo Chávez siempre se jactó en decir que “su revolución” era “pacífica pero armada”. Una media verdad que se mantiene aún cuando ahora la batuta la sostiene Nicolás Maduro, el ungido de los Castro.
Para comenzar, lo de “pacífica” es un término discutible.
El supuesto pacifismo es desmentido por los muertos de abril de 2002 en manos de violentos del chavismo; los despidos de unos 20.000 trabajadores petroleros al son del pito que sonó un Chávez prepotente; los desalojos de los trabajadores de PDVSA de sus hogares a punta de gases lacrimógenos lanzados por la “gloriosa” Guardia Nacional; el despojo de tierras y propiedades que se hiciera a los campesinos a garrote limpio y por voluntad del hoy comandante supremo; los sicariatos de sindicalistas, los presos políticos y la persecución y vejámenes de cuanto manifestante se atreva a protestar los innumerables incumplimientos del gobierno.
La realidad que no falseó Chávez es que su revolución era armada. Sabía bien lo que decía, pues sus lugartenientes se encargaron de armar ilegalmente a sus colectivos, a quienes les dieron el carnet de la impunidad y de la anarquía para actuar a su libre albedrío. Una política que se está escapando de las manos de quienes hoy tienen al país en sus garras, y a dos últimos hechos se remite al lector:
El primero, lo acontecido hace unas semanas en el Hospital José María Vargas, el segundo hospital más importante del país. Resulta, que este importante centro hospitalario fue tomado hace dos fines de semana por un grupo de encapuchados armados que se identificaron como integrantes del Colectivo Tupamaro, unos de los principales colectivos del proceso. Este grupo violento coaccionó y sometió a médicos y personal hospitalario para que atendieran a dos de sus miembros que llegaron lesionados luego de un accidente vial. Aunque esta no es la primera vez que este hospital es azotado por el hampa, lo novedoso es que esta vez el colectivo ofreció no repetir la acción y darles protección afirmando que ellos trabajaban en conjunto con las autoridades. ¡A confesión de parte …!
Otro hecho que ilustra cómo se han salido de cauce estos colectivos se refleja en la reseña de El Nacional del martes 15 de octubre, que informa sobre la actuación “en forma coordinada” del Colectivo Lídice con la Guardia del Pueblo Soberano, para disolver una fiesta callejera que se realizaba un sábado en la madrugada en la redoma Los Mangos de Lídice. Independientemente de si las personas que hacían la fiesta estaban molestando a los vecinos, la violencia y la vejación a la que fueron sometidos, según denuncian, por grupos civiles armados y efectivos militares está fuera de la ley y no debe ser admitida como algo normal.
El Estado cuenta con el cuarto componente de la FANB, la Guardia Nacional, y con la Policía Nacional Bolivariana como las fuerzas para imponer el orden dentro de la Constitución y las leyes. Usar a colectivos civiles armados como acompañantes de las fuerzas del orden, para imponer el miedo y el silencio en la población, además de ser una ilegalidad, puede ser el detonante de hechos anárquicos y violentos que se sabe cuando empiezan pero no cómo ni cuándo terminan.
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