Qué difícil ha sido que quienes gobiernan el país desde hace tres lustros entiendan que el camino del castrocomunismo no lleva sino a la ruina de la nación y a la miseria de sus habitantes.
Entender, por ejemplo, que violando los derechos de propiedad sólo se consigue destruir el orden eficiente de la actividad económica y productiva y retrotraer el crecimiento económico, y con ello deteriorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Que es esencial respetar el derecho de propiedad, una de las más básicas instituciones sociales, que sirven de propulsores de la iniciativa individual, del emprendimiento y del progreso personal y colectivo.
Comprender, también por ejemplo que está más que demostrado que existe un vínculo indisoluble entre libertad económica y prosperidad, y que como recuerda insistentemente Rafael Alfonzo de Cedice, “ los países que clasifican en los primeros lugares en cuanto a la libertad económica, ofrecen a sus ciudadanos mejor calidad de vida y prosperidad, en comparación con los países peor clasificados, donde los regímenes opresivos niegan a sus ciudadanos oportunidades de crecimiento económico y libertad personal”.
Tan imposible es hacerlos entrar en razón que las febriles mentes de los que impulsan un régimen dictatorial en el país siguen insistiendo en el control de la economía, en destruir la productividad, confiscar los medios de producción, de distribución y comercialización, en impedir que fluyan las fuerzas del mercado, y en apoderarse de todo estamento o instancias de gobierno.
Las secuelas de esta lamentable persistencia de hundir al país en el “mar de la felicidad” están a la vista. Crisis económica, crisis de caja en las arcas públicas, ingente endeudamiento público, trágico descenso de la productividad, dependencia desproporcionada en las importaciones para satisfacer la demanda de los bienes más básicos, escasez, inflación, y pare de contar.
Los resultados negativos se reflejan en cuanto índice mundial o regional mida desempeño de los países en cuanto se refiere a competitividad, libertad económica, riesgo país, clima para atraer inversiones y derechos de propiedad, y otros de naturaleza social, como pobreza, transparencia o libertad de expresión.
Por ejemplo, para octubre Venezuela se ubica en el primer lugar en la lista de los países con más alto riesgo de inversión en el mundo, superando por primera vez en casi un año a Argentina de acuerdo con cifras del indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) elaborado por la entidad financiera JP Morgan Chase.
Ni qué hablar de competitividad, donde según el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial para 2013, Venezuela está en el puesto 134, de 148 países, compartiendo el pésimo desempeño con Chad, Guinea, Burundi, Yemen y Sierra Leona. O de libertad económica, materia en la que según el estudio de The Fraser Institute de Canadá, Venezuela ocupó el último lugar, de los 144 países evaluados.
O en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2013, estudio elaborado por la Alianza Internacional de los Derechos de Propiedad que analiza el "entorno legal y político", los "derechos de propiedad física" y los "derechos de propiedad intelectual", donde Venezuela tampoco ha tenido avance alguno desde 2011, manteniendo una evaluación de 3,4 puntos sobre 10, para permanecer este año a la par de Haití, Burundi y Libia.
Con estos resultados, sobran las palabras para explicar hacia donde llevan a los venezolanos.
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