Ante la emisión del decreto presidencial 1.348, que regularizaría la labores de la buhonería, la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios consideró este miércoles que el objetivo del Gobierno es acabar con el trabajo de millones de venezolanos que procuran su sustento a través de la comercialización de productos alimenticios y de otros rubros.
Alí Poveda, abogado y directivo de Atraem, explicó que el decreto caracteriza a los trabajadores de calle como mafiosos y que su actividad comercial es altamente especulativa, ocasionando la exclusión total de este sector como actor económico en el país.
“El Gobierno los suprime para liberarse de la responsabilidad y la obligación de Mercal de distribuirle estos productos e integrarlos de este modo a la red distribuidora de alimentos de primera necesidad, lo cual redundaría en beneficio para los consumidores, por la cercanía y costos del producto, con toda seguridad disminuiría la extensión de las colas”, dijo.
Poveda señaló que a pesar de no ser considerados como actores comerciales se le aplican las graves sanciones que están contenidas en la Ley de Costos y Precios Justos, estas incluyen el decomiso de la mercancía, multas exorbitantes y hasta penas de cárcel.
“Están expuestos a la aplicación de leyes que derivan de 30 ilícitos entre sustantivos y genéricos, destaca la pena de prisión entre 2 y 14 años, de acuerdo al delito cometido. La más grave, como el de contrabando de extracción, el boicot y la desestabilización económica será de 14 años, además podrán ser objeto de multas que van entre 200 y 50.000 UT”, indicó.
El abogado especialista en materia laboral afirmó que con este decreto el Presidente Nicolás Maduro viola la Constitución en sus artículos 87 y 112, que especifican el derecho al trabajo y la libertad de comercialización de productos.
“Más de un millón y medio de personas que laboran en la economía informal en toda Venezuela se quedarían sin su sustento, asimismo consideramos que bodegas de los barrios y mercados a cielo abierto también se verían afectados por este nuevo decreto el que consideramos inconstitucional”, expresó.
Reiteró desde Atraem la necesidad de solicitud de dialogo con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDEE) y el llamado a los trabajadores a fortalecer la actividad gremial, por encima y más allá de las diferencias y las especificadas de oficios, rublos y opinión o credo, “No hay argumento, razón o explicación alguna para no actuar coordinada y unitariamente ¡Unidad de Acción Para defender Nuestro Derecho Al Trabajo!”.
Cort. TalCualDigital
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