En Venezuela se aceleraron las violaciones a los derechos humanos. Esta afirmación, además de ser vox populi en el país, ha traspasado fronteras y, aún cuando el gobierno se jacte de ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, sus actuaciones en esta materia están en la mira de entes internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, por citar solo dos.
Este martes 28 de octubre, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, dedicó tres audiencias a Venezuela en el marco de su 153º período de sesiones, en los cuales se analizó la situación de los derechos humanos, la independencia del Poder Judicial y las violaciones de la libertad de expresión.
Los miembros de la Comisión, entre los que se cuentan los representantes de Brasil, Chile, Estados Unidos, Uruguayy México, ratificaron la petición de verificar in situ la situación de Venezuela, hecho que le ha sido negado sostenidamente por el Gobierno Nacional desde 2003. Cabe acotar que las misiones oficiales de la CIDH a las naciones miembros para las verificaciones in situ, solo pueden realizarse con el consentimiento de los gobiernos. Así que en estos 13 años la Comisión de DD.HH. se ha tenido que conformar para conocer sobre la espiral de violaciones de todo tipo de derechos humanos en Venezuela con los escritos de las diferentes ONG y con las argumentaciones sesgadas y manipuladas de los funcionarios venezolanos.
En esta oportunidad los representantes de la CIDH le volvieron a recordar al gobierno de Venezuela que era obligación de los Estados miembros de la OEA el “garantizar el respeto de los derechos humanos” y se le pidió reconsiderar la decisión de denunciar la Convención Interamericana que tomó Hugo Chávez, en su afán de evadir controles del ente.
Es previsible que de nuevo los exhortos y peticiones de la CIDH caigan en los sordos oídos de los gobernantes venezolanos, al igual que han caído todos los precedentes de este y otros entes internacionales, incluyendo las dos resoluciones que recientemente emitió elGrupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, a la que se sumó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidiendo la liberación de Leopoldo López, Daniel Ceballos y69 manifestantes detenidos desde febrero.
Como es hecho público, el gobierno de Maduro no solo ha incumplido estas resoluciones, que llegaron justo en la semana cuando Venezuela entraba en el Consejo de Seguridad de la ONU, sino le indicó a la ONU que debe mantenerse al margen de los “asuntos internos” del país.
Igual de grave a este desacato es que la protesta justificada deLópez y Ceballos, pidiendo que se cumpla con las recomendaciones del Grupo de Detenciones Arbitrarias a través del llamado diario a “El Barrotazo”, sí ha sido respondida con celeridad por el régimen: arreció la represión contra Leopoldo López y el exalcalde Daniel Ceballos, no solo dándole 15 días de castigo sin visitas, sino los amenazó con trasladarlos de la cárcel militar de Ramo Verde a una de alta peligrosidad y les lanzó tobos de agua con excremento humano mientras protestaban, para seguidamente quitarles la electricidad y el suministro de agua a fin de impedirles que se asearan, según denunció la alcaldesa de San Cristóbal y esposa del exalcalde Ceballos, Patricia de Ceballos.
Es decir, en este Plan de la Patria, el recurso de represión contra los disidentes va siendo cada vez más semejante al de los capos de Cuba.
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