El Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, pidió que no le vengan con el cuento de huelgas de hambre de un mes porque él participó en los años sesenta en huelgas de presos políticos y, aseguró, que al noveno día se estaba muriendo y tuvo que ser atendido en el Hospital Militar.
Russián asegura que se está desvirtuando una acción tan noble como una huelga de hambre, del sacrificio humano y que se ha llegado al extremo de hacer algo que sólo hacían los presos comunes como es coserse la boca.
El Contralor denunció que las autoridades universitarias se vienen endeudando y recurren al Estado para pedir créditos adicionales, mientras tienen depósitos en los bancos inmovilizados.
Russián dijo que la Contraloría abrirá las averiguaciones administrativas a las universidades que hubiera lugar.
Por otra parte, advirtió que decisiones como las adoptadas por Interpol a favor de banqueros venezolanos buscados abonan el camino para la impunidad en el exterior del país.
Inhabilitaciones por 18 años
Cabe recordar, que Russián refirió ante la Asamblea Nacional que podría elevar las inhabilitaciones políticas a un máximo de 18 años para así atacar con más fuerza los hechos de corrupción.
Russián asegura que se está desvirtuando una acción tan noble como una huelga de hambre, del sacrificio humano y que se ha llegado al extremo de hacer algo que sólo hacían los presos comunes como es coserse la boca.
El Contralor denunció que las autoridades universitarias se vienen endeudando y recurren al Estado para pedir créditos adicionales, mientras tienen depósitos en los bancos inmovilizados.
Russián dijo que la Contraloría abrirá las averiguaciones administrativas a las universidades que hubiera lugar.
Por otra parte, advirtió que decisiones como las adoptadas por Interpol a favor de banqueros venezolanos buscados abonan el camino para la impunidad en el exterior del país.
Inhabilitaciones por 18 años
Cabe recordar, que Russián refirió ante la Asamblea Nacional que podría elevar las inhabilitaciones políticas a un máximo de 18 años para así atacar con más fuerza los hechos de corrupción.
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