"El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor". El Gobierno comprobó la veracidad de la frase atribuida al filósofo Confucio. Meses después de que los ciudadanos fueran sorprendidos por el caso de las más de 100 mil toneladas de alimentos que importó la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval) y que se pudrieron en los puertos, se conoce que miles de kilos de medicamentos comprados por el Ministerio de Salud a Cuba corrieron la misma suerte.
La información figura en el informe de gestión que esta semana entregó el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, a la Asamblea Nacional y en el cual constató compras excesivas de productos farmacéuticos, retrasos en la salida de los mismos de los puertos y almacenamiento de insumos médicos en depósitos que no reunían las condiciones para su debida preservación.
Tras auditar 20 de los 30 contratos que el Ministerio de Salud y el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar) firmaron con La Habana, entre 2005 y el primer semestre de 2010, los cuales totalizaron 1,3 millardos de bolívares, Russián reportó que se encontró con que el despacho ahora dirigido por Eugenia Sader recibió medicinas por 34,4 millones de bolívares "cuyo tipo y especificación no se corresponden con los requeridos en algunos contratos" y con otras, por 33,7 millones más, "cuyas cantidades superan las requeridas" por dicho despacho.
Tras auditar 20 de los 30 contratos que el Ministerio de Salud y el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar) firmaron con La Habana, entre 2005 y el primer semestre de 2010, los cuales totalizaron 1,3 millardos de bolívares, Russián reportó que se encontró con que el despacho ahora dirigido por Eugenia Sader recibió medicinas por 34,4 millones de bolívares "cuyo tipo y especificación no se corresponden con los requeridos en algunos contratos" y con otras, por 33,7 millones más, "cuyas cantidades superan las requeridas" por dicho despacho.
También halló que en el Puerto de La Guaira (Vargas) permanecieron unos lotes de insumos para hospitales un promedio de cinco meses y que eso provocó un desembolso de 2,8 millones de bolívares adicionales por "almacenamiento y desaduanización".
Asimismo observó que un laboratorio cubano, al cual no identifica en su reporte, tardó dos años en entregar unas medicinas. Esta situación costó al herario público 19,7 millones más, debido a que en 2005 el tipo de cambio pasó de 1,92 bolívares por dólar a 2,15, sin que el Ministerio de Salud ejerciera "ninguna acción tendente a corregir la situación penalizar a la empresa por tal incumplimiento".
Asimismo observó que un laboratorio cubano, al cual no identifica en su reporte, tardó dos años en entregar unas medicinas. Esta situación costó al herario público 19,7 millones más, debido a que en 2005 el tipo de cambio pasó de 1,92 bolívares por dólar a 2,15, sin que el Ministerio de Salud ejerciera "ninguna acción tendente a corregir la situación penalizar a la empresa por tal incumplimiento".
El contralor, en su auditoría, halló además que el despacho de Sanidad recibió productos farmacéuticos por 21,1 millones, "cuyas fechas de vencimiento oscilaron en promedio inferior a 9 meses, siendo la exigida 18 meses".
Las semejanzas siguen
En su informe Russián reveló que su despacho inspeccionó los almacenes del Sefar y observó que ellos "además de carecer de espacios adecuados para el resguardo y conservación de medicamentos, los controles internos son deficientes y no permiten su salvaguarda; un correcto registro y oportuna distribución".
Resaltó que en el área de Epidemiología, donde se acopian vacunas, sus auditores se encontraron con nueve cajas, con 27.000 inyectadoras de 3cc, provenientes de Cuba, "las cuales no están aptas para el uso humano, toda vez que las mismas se encuentran contaminadas con moho, producto de que las láminas del techo (de zinc) presentan perforaciones dando paso a las aguas de las lluvias".
Las semejanzas siguen
En su informe Russián reveló que su despacho inspeccionó los almacenes del Sefar y observó que ellos "además de carecer de espacios adecuados para el resguardo y conservación de medicamentos, los controles internos son deficientes y no permiten su salvaguarda; un correcto registro y oportuna distribución".
Resaltó que en el área de Epidemiología, donde se acopian vacunas, sus auditores se encontraron con nueve cajas, con 27.000 inyectadoras de 3cc, provenientes de Cuba, "las cuales no están aptas para el uso humano, toda vez que las mismas se encuentran contaminadas con moho, producto de que las láminas del techo (de zinc) presentan perforaciones dando paso a las aguas de las lluvias".
En otra zona los funcionarios de la Contraloría hallaron medicamentos vencidos junto con vigentes. Precisamente sobre los remedios dañados informó que entre 2008 y 2009 el Sefar gastó 1,2 millones de bolívares en incinerar 566.590 kilos de productos caducados.
Al profundizar sobre esta situación, Russián reveló que sus investigadores se toparon con que un porcentaje importante de esos medicamentos estuvieron "por un promedio de dos años y no fueron distribuidos", mientras que otros que han debido refrigerarse fueron dejados a la intemperie.
Por último, el contralor detectó irregularidades en la distribución de los insumos y mencionó que el Sefar distribuyó a 198 ambulatorios de Monagas medicinas, a punto de vencerse, sin que se las pidieran.
Pese a la gravedad de estos hechos este caso no figura entre los once que Russián remitió en 2010 al Ministerio Público para que los lleve ante los jueces.
Al profundizar sobre esta situación, Russián reveló que sus investigadores se toparon con que un porcentaje importante de esos medicamentos estuvieron "por un promedio de dos años y no fueron distribuidos", mientras que otros que han debido refrigerarse fueron dejados a la intemperie.
Por último, el contralor detectó irregularidades en la distribución de los insumos y mencionó que el Sefar distribuyó a 198 ambulatorios de Monagas medicinas, a punto de vencerse, sin que se las pidieran.
Pese a la gravedad de estos hechos este caso no figura entre los once que Russián remitió en 2010 al Ministerio Público para que los lleve ante los jueces.
JUAN FRANCISCO ALONSO/El Universal
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