Human Rights Watch agradeció al Grupo de Trabajo de la ONU su pronunicamiento sobre la "detención arbitraria" de la Jueza María Lourdes Afiuni de Venezuela. "Lo instamos respetuosamente a que continúe monitoreando de cerca el caso de la Jueza Afiuni y exija al gobierno de Venezuela que retire todos los cargos en su contra", manifestó la organización a través de un comunicado de prensa.
HRW Presentación Oral ante el 16° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
Human Rights Watch agradece al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria su Opinión 20/2010 sobre la detención arbitraria de la Jueza María Lourdes Afiuni de Venezuela.
La decisión de juzgar a la Jueza Afiuni por aplicar el derecho venezolano e internacional constituye un fuerte revés para el estado de derecho en Venezuela. Inmediatamente después de la detención de Afiuni en diciembre de 2009 por haber concedido la libertad condicional a una persona que, según este Grupo de Trabajo, había sido detenida arbitrariamente, el Presidente Chávez se refirió a ella abiertamente como “bandida” y afirmó que debía ser condenada a 30 años de prisión. Posteriormente Afiuni fue acusada de cometer varios delitos, incluido el de corrupción, pese a que el propio ministerio público señaló expresamente que Afiuni no había recibido ningún pago ni promesa de pago. El juez que presidirá el juicio contra Afiuni ha expresado abiertamente su apoyo al Presidente Chávez, y ha señalado que “nunca traicionaría… [a su] Comandante porque llev[a] la Revolución en la sangre”.
La Jueza Afiuni permaneció detenida en condiciones deplorables durante más de un año en una violenta cárcel de mujeres de Caracas, donde ha sido objeto de reiterados insultos y amenazas por otras reclusas. No existe separación entre las presas que no han sido condenadas y aquellas que ya han recibido condena, incluyendo algunas que fueron juzgadas en su tribunal. A su vez, la Jueza Afiuni no recibió tratamiento médico adecuado durante su detención. Debido a problemas de salud, el 2 de febrero de 2011 se le autorizó arresto domiciliario, pero debe presentarse semanalmente ante las autoridades y se le prohibió comunicarse con la prensa nacional e internacional.
La Jueza Afiuni permanece detenida de manera arbitraria en su casa, y ahora está también obligada a guardar silencio. A la luz del contexto de su detención y el preocupante deterioro de la independencia judicial en Venezuela, es muy poco probable que reciba un juicio justo.
Reconocemos el importante rol del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y lo instamos respetuosamente a que continúe monitoreando de cerca el caso de la Jueza Afiuni y exija al gobierno de Venezuela que retire todos los cargos en su contra.
HRW Presentación Oral ante el 16° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
Human Rights Watch agradece al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria su Opinión 20/2010 sobre la detención arbitraria de la Jueza María Lourdes Afiuni de Venezuela.
La decisión de juzgar a la Jueza Afiuni por aplicar el derecho venezolano e internacional constituye un fuerte revés para el estado de derecho en Venezuela. Inmediatamente después de la detención de Afiuni en diciembre de 2009 por haber concedido la libertad condicional a una persona que, según este Grupo de Trabajo, había sido detenida arbitrariamente, el Presidente Chávez se refirió a ella abiertamente como “bandida” y afirmó que debía ser condenada a 30 años de prisión. Posteriormente Afiuni fue acusada de cometer varios delitos, incluido el de corrupción, pese a que el propio ministerio público señaló expresamente que Afiuni no había recibido ningún pago ni promesa de pago. El juez que presidirá el juicio contra Afiuni ha expresado abiertamente su apoyo al Presidente Chávez, y ha señalado que “nunca traicionaría… [a su] Comandante porque llev[a] la Revolución en la sangre”.
La Jueza Afiuni permaneció detenida en condiciones deplorables durante más de un año en una violenta cárcel de mujeres de Caracas, donde ha sido objeto de reiterados insultos y amenazas por otras reclusas. No existe separación entre las presas que no han sido condenadas y aquellas que ya han recibido condena, incluyendo algunas que fueron juzgadas en su tribunal. A su vez, la Jueza Afiuni no recibió tratamiento médico adecuado durante su detención. Debido a problemas de salud, el 2 de febrero de 2011 se le autorizó arresto domiciliario, pero debe presentarse semanalmente ante las autoridades y se le prohibió comunicarse con la prensa nacional e internacional.
La Jueza Afiuni permanece detenida de manera arbitraria en su casa, y ahora está también obligada a guardar silencio. A la luz del contexto de su detención y el preocupante deterioro de la independencia judicial en Venezuela, es muy poco probable que reciba un juicio justo.
Reconocemos el importante rol del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y lo instamos respetuosamente a que continúe monitoreando de cerca el caso de la Jueza Afiuni y exija al gobierno de Venezuela que retire todos los cargos en su contra.
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