En marzo de 2011, organizaciones de inquilinos afectas al oficialismo entregaron el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios. Desde entonces, diversos analistas y sectores involucrados han venido advirtiendo los riesgos que implica ese texto de Ley para el mercado de viviendas de alquiler.
Este martes, el coco que se advertía que vendría ya llegó: La bancada oficialista aprobó los tres primeros artículos, de los más de 80 que contiene el proyecto de Ley.
Resulta que, la bancada chavista llevó a segunda discusión de la Plenaria de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley haciendo oídos sordos a las propuestas de cambio de fondo que hicieran las asociaciones de propietarios independientes y los sectores inmobiliario y de la construcción.
Lo primordial es que cuando ésta entre en vigencia el derecho de propiedad en Venezuela será tajantemente desconocido: La legislación propuesta impondría a miles de venezolanos propietarios de viviendas "de vieja data" (sin que hasta ahora se defina desde qué año es vieja data), dadas en arrendamiento a venderlas obligatoriamente a sus arrendatarios, independientemente del tiempo que tenga habitada la vivienda, sean de propiedad horizontal o no, en un lapso no mayor de 180 días a partir de la vigencia de la Ley, al precio que fije unilateralmente la Superintendencia Nacional de Arrendamientos, so pena de ser sometidas a un proceso de expropiación.
Con esto se destruye una de las pocas formas que el venezolano tenía como inversión y protección en contra de la inflación y la devaluación. Así miles de ciudadanos que invirtieron en el mercado inmobiliario como vía para ahorrar para su vejez, quedarán despojados de sus propiedades, por voluntad del Gobierno de Chávez.
Incluso, los supuestos beneficiarios de la Ley, los arrendatarios, estimados en 33% de la población, correrán el riesgo de quedarse sin dónde vivir, al desaparecer las ofertas de viviendas para alquiler.
Y los que aún piensen que podrán adquirir su vivienda a precio de gallina flaca, que no se llamen a engaño, porque terminarán por ser dueños de un papel de adjudicación sin derecho a disposición del bien. ¿O hay quién crea realmente que un Gobierno que desconoce tan olímpicamente el derecho de propiedad de unos les otorgará propiedad a otros?
Aún cuando es de reconocer que la Ley de Inquilinato vigente es un adefesio obsoleto que debe ser reformulada, la Ley propuesta es aún peor, donde nadie gana y todos pierden. Pues también pierden los constructores, un sector importante que mueve la economía. Pierden los trabajadores, que quedan sin una importante fuente de empleos. Pierde el sector financiero, al disminuirles un motor de captación de fondos.
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