Indígenas bajo engaño

Leyes indígenas son ofertas engañosas. El Gobierno de Chávez ha avanzado en materia teórica, pero la legislación no se cumple, es letra muerta. Se ha hecho caso omiso al derecho a la jurisdicción de estos pueblos, establecido en el artículo 260 de la Constitución

PATTY FUENTES GIMÓN/TalCualDigital

Durante el actual Gobierno se han creado diversas leyes que favorecen a los indígenas, pero que no han sido aplicadas. En especial, se han hecho valer los derechos de hábitat y tierra de forma escrita, pero estos pueblos continúan protestando porque no se sienten conformes.

"La Constitución de 1999 legitimó algunos derechos pero han sido una oferta engañosa porque no les han entregado las tierras a los indígenas; por el contrario, les han quitado partes de sus territorios", asegura el diputado Arcadio Montiel.

Lo mismo sucede con la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas que, según el parlamentario, reconoce derechos políticos, sociales y económicos, pero "no se han desarrollado porque la situación de pobreza, miseria y maltrato persiste".

Lusbi Portillo, de la ONG Sociedad Homo et Natura, coincide con Montiel y añade que "el derecho a los territorios está siendo violado, pues no hay manera de que el Estado entienda o acepte la propuesta de los indígenas a pesar de que es el derecho más importante, porque al tener territorio, tienen libre determinación y autogobierno".

PRECEPTOS IGNORADOS 

El artículo 260 de la Constitución establece que "las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos".

De igual manera, el artículo 141 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas prescribe que los jueces, al momento de dictar cualquier medida preventiva, deben procurar establecer penas distintas al encarcelamiento que permitan la reinserción del indígena a su medio sociocultural.

Sin embargo, ninguno de estos preceptos se acata, ya que "el derecho a la jurisdicción indígena no se permite", agrega Portillo, porque "no se acepta al gobierno indígena, sino a los consejos comunales que están regidos por unas leyes del Estado, determinadas por proyectos económicos impuestos".

Al respecto, Montiel señala que "la oficina que se ocupa de los indígenas promueve el proselitismo, encausar las militancias del PSUV e ideologizar a los pueblos... Son oficinas ejercidas por funcionarios públicos pagados para domesticar y someter a los indígenas a los caprichos políticos de su partido".

AHORA ES QUE FALTA

Lusbi Portillo, de la ONG Sociedad Homo et Natura reconoce los avances del Gobierno en DDHH indígenas: se han hecho más viviendas, les han dado préstamos y muchos camiones; además, ya algunos son miembros de partidos políticos.

Esteban Pérez, diputado por el PSUV, destaca que ahora se permite la participación de los pueblos indígenas y "se ha avanzado en el marco jurídico que se hace letra viva cuando se aplican los programas del Estado". No obstante, sostiene que el Gobierno no ha podido todavía completar la demarcación, pero "vamos en camino... Falta mucho, pero ha habido avances".