Organizaciones no gubernamentales valoraron positivamente la participación del Gobierno venezolano en el examen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero lamentaron que el Ejecutivo no aceptara algunas recomendaciones relacionadas con la libertad de expresión o la independencia judicial.
"El que el Estado haya participado en la sesión es altamente positivo (...) porque ha tenido que afrontar recomendaciones que internamente han sido negadas sistemáticamente", indicó hoy a Efe Yolanda D'Elia, vocera de la ONG Sinergia.
Venezuela rechazó el pasado viernes en Ginebra 38 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el llamado Examen Periódico Universal (EPU) y que concluyó con valoraciones positivas del Ejecutivo que, dijo, aceptó el 80 % de las observaciones.
Las recomendaciones, planteadas muchas de ellas por EE.UU. y países europeos, instaban al Gobierno venezolano a enmendar la legislación actual para eliminar la criminalización de la calumnia en el ejercicio periodístico o a corregir el Código Penal y Militar para retirar los delitos de desacato y vilipendio.
Incluían también un llamamiento a cumplir las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), a revisar la ley de Partidos Políticos, Reunión Pública y Manifestaciones y a actuar de manera efectiva contra el abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Para la miembro de Sinergia, agrupación que viajó a Ginebra para "observar" el proceso, el hecho de que el Gobierno de Hugo Chávez no aceptara algunas recomendaciones demuestran que se está "negando la existencia del problema".
"El hecho de que Venezuela haya aceptado un número importante de recomendaciones es un buen signo (...) pero no es un buen signo que no se hayan aceptado otras, a nuestro juicio, intrínsecamente relacionadas con la dinámica democrática", apuntó, por su parte, el director de Espacio Público, Carlos Correa.
"No aceptar que hay agresiones a los periodistas y que se investiguen y sancionen (...) pareciera que el Gobierno está de espaldas a lo que está en nuestra propia Constitución", apuntó el activista especializado en medios de comunicación y libertad de expresión, que reportó 39 agresiones y ataques en lo que va de año.
Sinergia y Espacio Público lamentaron que el Gobierno declinara recomendaciones sobre el acceso a la información pública, la independencia del poder judicial o la presencia de observadores internacionales en el país.
"Hacen que el balance no sea todo lo positivo que uno aspiraría", comentó Correa al destacar que esta posición "debilita" a Venezuela en el exterior.
El investigador de la ONG Provea Marcos Ponce dijo a Efe que es "positivo" que Venezuela haya enviado una comitiva de importantes representantes del Gobierno a presentar este examen, aunque lamentó que no acogiera sugerencias sobre la independencia de los poderes públicos, pues, aseguró, "todos dependen del Ejecutivo".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, el oficialista Saúl Ortega, declaró a la cadena Unión Radio que el Estado ha aceptado las críticas en materia de derechos humanos, pero no las de aquellos países que calificó de "inmorales".
"No podemos aceptar que inmorales, como son EE.UU. e Israel, que son violadores de los derechos humanos, vengan hoy a tratar de hacer observaciones", afirmó Ortega, quien indicó que el país ha avanzado "real y definitivamente" en el tema de los derechos humanos.
El pasado martes, Chávez dijo que su país salió fortalecido del EPU y "de sus consecuencias" y aseguró que espera que el informe sirva para fortalecer esas garantías sin una utilización partidista.
El pasado martes se abrió un plazo de dos semanas para que los Estados miembros que lo deseen introduzcan enmiendas y cambios editoriales, de manera que el informe final del Grupo de Trabajo se publique en la próxima sesión del Consejo, en marzo de 2012.
Globovisión / EFE
No hay comentarios:
Publicar un comentario