Si no entrañaran tantas y tantas penurias para los ciudadanos y tan nefastas las consecuencias para el país, causarían hilaridad las últimas declaraciones y actuaciones de Nicolás Maduro y algunos funcionarios de gobierno para “atacar” el problema de la grave escasez de alimentos.
Ya no se trata como apuntaran en 2013, Maduro y Edmée Betancourt, la ministra de Comercio de entonces, que la culpa de la escasez que ya arreciaba su galope era de los consumidores, porque estos adquirían compulsivamente los bienes y productos y causaban un desabastecimiento artificial.
Ahora, la culpa de este flagelo en vez de entender que se debe a la caída de producción y a la sequía de divisas para adquirir los productos que demanda la población, se traslada a las “colas” que amargan al consumidor día a día. De allí que hace unos días Andrés Eloy Méndez, recién nombrado superintendente de derechos socioeconómicos, anunció que el gobierno aplicará la “guerra contra las colas” en supermercados, otra ficticia conflagración que se suma a la “guerra económica” a la que recurre a cada rato Maduro.
Así con esta nueva declaración de guerra, la Superintendencia desplegó sus “soldados” y emprendió una “batalla” de fiscalizaciones a estos locales de distribución de alimentos al detal en todo el país, en especial a los de la red del Estado, bicentenarios y mercales.
De esa “batalla” fiscalizadora, surgió el errado juicio de que una de las principales causas de que las personas pasen hasta tres y cuatro horas en un establecimiento comercial para poder adquirir los productos es que los supermercados mantienen un importante número de cajas registradoras cerradas. Esto acarreó multas a un par de supermercados, entre ellos al Bicentenario de Plaza Venezuela, en Caracas donde se habría detectado que de 60 cajas están funcionando 26, y que se le solicitara un plan para cubrir y garantizar la operatividad de todas las cajas.
Lo que no se les ha escuchado decir a estos funcionarios, es que van a analizar el impacto que la Ley del Trabajo en las empresas. Tal como se lo han advertido hasta el cansancio los diversos representantes de los gremios comerciales, esta Ley generó una serie de distorsiones en las relaciones obrero-patronales, que desincentiva la productividad, fomenta la indisciplina y el ausentismo laboral, amén de que pone una camisa de fuerza a las contrataciones y los acuerdos a la hora de establecer los turnos de trabajo y pago de horas extras.
Pero, por si fuese poco el absurdo de circunscribir el problema de las colas al menor número de cajas activas, tras la jornada fiscalizadora se anuncia que a los venezolanos les esperan nuevos controles para el proceso de abastecerse de productos básicos.
Por ejemplo, acaba de anunciarse que el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el de Alimentación están desarrollando un sistema biométrico de captación de huellas dactilares que permitirá vigilar “quién compra y cómo compra” y controlará al llamado “bachaqueo”, según el superintendente Méndez. Este mecanismo sería puesto en funcionamiento para supermercados tanto de la red pública como la privada para principios de 2015.
Tal como suena esto no será más que una tarjeta de racionamiento electrónica.
Adicionalmente, reanudan los anuncios de centralización de la red de comercialización en manos del Estado, así como una serie de acciones para fortalecer la presencia de la SUNDEE, donde como ya es costumbre tendrá una fuerte presencia el sector castrense y miembros de las UBCH.
En lo que sí habría acertado el gobierno afirmar que “Eficiencia Mata Cola…”. Bueno, siempre y cuando para el logro de esa eficiencia existieran menos controles, menos corrupción y más mercado y libertad de empresa.
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