Este viernes 19 de septiembre la jueza de la causa dictó medida humanitaria de “casa por cárcel por razones de salud” a favor del comisario Iván Simonovis (el preso de Hugo Chávez), cuando este cumplía 9 años y 299 días de injusto encierro condenado sin pruebas a 30 años de prisión por las muertes del 11 de abril de 2002.
Justa es la alegría y la emoción de Simonovis, su familia, amigos y millones de venezolanos por el retorno del comisario a su hogar, que no del retorno a su libertad. Como ya se sabe sobre esta el gobierno puso la amenaza de retornarlo a prisión tan pronto se certifique una mejoría en las 19 patologías que le diagnosticaron.
Sobre Simonovis además surca la prohibición de declarar a la prensa y de participar en la red internet, así como de presentar cada tres meses reportes actualizados del control médico.
Es decir, su libertad sigue teniendo puesto el grillete de la dictadura, al igual que los otros dos comisarios ex compañeros de prisión, Henry Vivas y Lázaro Forero, y los policías metropolitanos que hace pocos años salieron “beneficiados” con medidas similares.
Pero, son varios los puntos que ponen la nota amarga a esta celebración por la seudo libertad de Simonovis:
Primero, que a Simonovis, y al resto de los muchos presos políticos de la revolución castrochavista se les ha robado por espurias y vergonzosas razones años de vida y salud, que nadie les devolverá.
Segundo, que la seudo-liberación de Simonovis no se haya aplicado también a los policías metropolitanos condenados también sin prueba alguna, ni tampoco al centenar de estudiantes y otros retenidos (algunos torturados) por haber ejercido su derecho a la protesta pacífica, ni tampoco Leopoldo López y los alcaldes de San Cristóbal y San Diego apresados por delitos no existentes creados por el mismo gobierno que le concedió la seudo libertad a Simonovis.
Tercero, que el gobierno con el don de dictaminar quien va a la cárcel o quién sale de ella quiera utilizar la libertad de Simonovis como prueba de su bondad y humanidad, en momentos cuando el país se le escapa de las manos, no solo en materia económica y de seguridad, sino de salubridad pública, y cuando la respuesta oficial a las denuncias sobre la realidad, cualquiera que ella sea, es el uso del sistema de administración de justicia para la persecución y el acoso.
Cuarto, también se mantienen los acosos políticos contra María Corina Machado, destituida ilegalmente de su curul parlamentario; el alcalde mayor Antonio Ledezma, hoy bajo amenaza de ser detenido por delitos forjados a discreción.
Además se suma la coacción a empresarios por una supuesta “guerra económica”, que sirve de excusa para tratar de tapar el fracaso del modelo del siglo XXI, que cierra empresas y abre juicio a empresarios, y cuyo últimos episodios son las “retenciones” por 12 horas en el SEBIN de los presidentes deConindustria,Eduardo Garmendia y de la Cámara de Comerciantes y Aduaneros, Rubén Gutiérrez, sin argumento legal alguno.
O el nuevo invento de “guerra psicológica y bacteriológica” que busca esconder las epidemias virales que han cobrado vidas de venezolanos, por la indiferencia del gobierno en los planes de prevención y fumigación, y por la crisis de escasez que ha provocado. Un nuevo invento de un gobierno policial que quiere llevar a la cárcel a los médicos que alertan sobre los peligros de la salud pública, como es el caso del presidente del Colegio Médico de Aragua, Ángel Sarmiento, sobre quien pesa medida de privativa de libertad.
La realidad es que el gobierno construye una gran mascarada, donde no faltan los “médicos” cubanos que “investigarán” la guerra bacteriológica, ni las acciones legales por el globo terráqueo en contra de medios internacionales que encabezan la fantasmagórica “campaña de terror psicológico” contra Venezuela.
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