La inseguridad personal continúa siendo uno de los más graves problemas del país.
Según recientes encuestas no es la primera preocupación de los venezolanos, pues habría sido superada por la escasez, pero en todo caso constituye el principal drama que se vive en todo el territorio nacional. Se podría decir que si de algo no hay escasez en Venezuela es de asesinatos.
El gobierno nacional viene implementando un plan, otro más, para frenar la delincuencia y, como también ha sido costumbre, viene fracasando en el intento. La anterior afirmación la hacemos luego de enterarnos de que ayer en la mañana fue asesinado un funcionario policial en el centro de Caracas. Con esta muerte suman 106 los integrantes de diversos cuerpos de seguridad que han perdido la vida a manos del hampa en lo que va del año. En 2013 fueron asesinados 155 policías, esperamos que no se alcance esa cifra este año. Como podemos ver aquí no tiene seguridad nadie, ni los policías.
El ministro Miguel Rodríguez Torres cada cierto tiempo da unos números con los que pretende demostrar que su plan funciona, que sus cuadrantes tienen de cuadritos a los malandros y las bandas, pero los hechos son tercos y echan por tierra las intenciones gubernamentales de mejorar la sensación de seguridad en los venezolanos.
También se puso en marcha un plan desarme, incluso se aprobó una ley que le diera sustento, la segunda, por cierto, pero sus resultados continúan siendo precarios, por decir lo menos.
De vez en cuando, el ministro y sus principales colaboradores arman un show, citan a los medios, muestran un grupo de armas, que supuestamente destruyen, y el hampa ni se entera y sigue haciendo de las suyas.
Para completar este dramático cuadro, en la madrugada del pasado lunes fueron robadas 42 pistolas de un comando de la Policía Nacional en Guarenas. Dudamos que las vayan a devolver, pero para remate las primeras hipótesis apuntan a que hubo complicidad interna. Policías robando armas, ¿con qué objetivo? Este lunes la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, afirmó que el desalojo de la cárcel de Tocuyito, en Carabobo, se había hecho sin complicaciones, encontrándose en ese desalojo fusiles, ametralladores, pistolas, revólveres y granadas. Algo muy normal dentro de los penales de la “revolución bolivariana”. Armamento que entra sin ninguna complicación, por lo que se ve, en las prisiones.
Además, tuvo la brillante idea de proponer la creación de un museo donde se expongan las armas que han sido incautadas en las prisiones. Las cuentas de la ministra señalan que en los últimos tres años se han incautado 395 mil municiones y 2.486 armas de fuego. Esperemos que no pongan a los policías de Guarenas a cuidar ese arsenal.
También podrían hacer un museo sobre la incapacidad roja rojita para frenar el tráfico de armas en las penitenciarias. Así el cuadro estaría completo.
Estos tres hechos son una muestra, pequeña, de la magnitud del problema que enfrentan los ciudadanos en nuestro país.
Una nueva demostración de que las políticas adelantadas en estos 15 años han sido un rotundo fracaso. Que se requiere combinar prevención con represión y con reeducación. Que no es posible lograr bajar los índices de criminalidad a niveles tolerables; mientras las prisiones constituyan el lugar desde donde se genera buena parte de los delitos; mientras las policías estén infiltradas por delincuentes y mientras la impunidad reine y los delitos no sean castigados. Hacer lo contrario es agravar este terrible drama que hoy aterra a los venezolanos
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