Por: VenEconomía
Desde febrero de este año, al gobierno de Nicolás Maduro se le viene enredando la cabuya a nivel internacional debido a un mal manejo político de los reclamos justos de los estudiantes venezolanos por la inseguridad reinante en el país.
Maduro estuvo negado a reconocer el desborde de la delincuencia que había cobrado la vida de más de 24.000 venezolanos en 2013, y que ya no respeta ni centros hospitalarios, recintos académicos ni iglesias para hacer de las suyas. Por el contrario, en vez de oír los reclamos y poner correctivos a la situación, Maduro escogió soltar los demonios de la represión, la persecución, la judicialización de la protesta, la violación de derechos humanos y de la libertad.
Tras esa brutal arremetida del gobierno a las manifestaciones generalizadas en el país, la opinión pública internacional, gobiernos, medios de comunicación y organismos internacionales comenzaron a entender la verdadera naturaleza dictatorial del gobierno de la revolución bolivariana, que se coloca más allá de los derechos constitucionales y universales de las personas, la cual venía siendo escondida por años a la ventana del mundo por el hábil manejo propagandístico del gobierno, un lobby eficaz, las dádivas de la petrochequera y un disfraz electoral que mantenía las formas de una democracia en Venezuela.
Lamentablemente esta arremetida de la violencia oficial en febrero dejo más de 40 venezolanos asesinados en manos de efectivos de seguridad y grupos colectivos armados, así como cientos de estudiantes y representantes de la sociedad civil y dirigentes políticos detenidos, otros tantos sometidos a juicios espurios, denuncias de torturas y violaciones a los derechos ciudadanos.
Entre los cientos de detenidos injustamente se cuentan los dirigentes políticos Leopoldo López, coordinador de Voluntad Popular, y los alcaldes Daniel Ceballos (San Cristóbal-estado Táchira) y Enzo Scanaro (San Diego-estado Carabobo), a quienes también se les han venido violando desde entonces sus derechos constitucionales en unos juicios políticos tutelados por el Ejecutivo Nacional.
La comprensión de esta realidad ya ha traspasado las fronteras del país y, como uno de los resultados, el Grupo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de DDHH de la ONU emitió la semana pasada una resolución en la que decreta que el Estado venezolano debe liberar inmediatamente a Leopoldo López tras determinar, en un proceso de investigación que comenzó en febrero pasado, que al coordinador de Voluntad Popular se le detuvo arbitrariamente y se le violentaron varios de sus derechos civiles, políticos y constitucionales. Para este lunes, el mismo Grupo de Trabajo de la ONU también ordenó al gobierno de Venezuela la liberación inmediata del dirigente del partido Voluntad Popular y exalcalde de San Cristóbal, estado Táchira, Daniel Ceballos, preso desde el 19 de marzo.
El Grupo de Trabajo de la ONU, además solicitó que a ambos se les repare integralmente los daños causados por tal detención, incluidas compensaciones de carácter indemnizatorio y moral, así como medidas de satisfacción como pudiere ser una declaración pública de desagravio a favor de ambos políticos, que están siendo juzgados en prisión.
Como era de esperar, dado los precedentes de desacato de otros mandatos de entes internacionales para reparar las violaciones contra ciudadanos venezolanos en estos últimos 15 años, el hoy canciller de la República, Rafael Ramírez, adelantó que el gobierno venezolano rechaza dicha resolución, afirmando que "así como le dijimos al Departamento de Estado (de EE.UU.) que no se inmiscuya en nuestro asuntos, se lo decimos a cualquier (otro) grupo de trabajo de cualquier institución", agregando que “en su momento” el gobierno dará su respuesta oficial a la resolución.
Un punto de interés en esta oportunidad, es que el gobierno de Maduro busca con empeño un puesto en el Consejo de Seguridad en la ONU y un desacato enviará una mala señal a la Asamblea General, donde se decidirá si entra o no.
Los acontecimientos están en pleno desarrollo ¿podrá más la petrochequera que los verdaderos intereses generales de la comunidad internacional?
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